El Ministerio Público informó que los aseguramientos e incautaciones de los bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros, realizados este viernes contra el expresidente Juan Orlando Hernández, también incluyen a su núcleo familiar, “quienes son sujetos de investigación” conforme a las causales de privación de dominio de bienes de origen ilícito.
Fue un juez quien decretó las acciones de aseguramientos e incautaciones contra Juan Orlando Hernández y 11 titulares más de 30 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 80 productos financieros y 16 vehículos.
El Poder Judicial informó que la medida de aseguramiento dura 12 meses y se puede extender un año más. Tras ser admitida la solicitud de privación definitiva del dominio, el juzgado en la resolución informará a quienes figuran como titulares de derechos reales, principales o accesorios y los emplazará para que en 20 días hábiles se apersonen al juzgado y puedan enterarse del proceso judicial que se ha iniciado sobre los bienes, productos, instrumentos o ganancias.
Transcurridos los 12 meses después de dictadas y ejecutadas las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento, sin que el Ministerio Público haya promovido la acción de privación del dominio, estas pueden ser revocadas. El término indicado en la ley puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un tiempo igual por una sola vez y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente.
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El portavoz de la institución, Yuri Mora, informó que una de las propiedades incautadas es la residencia de la colonia capitalina San Ignacio, donde Hernández fue capturado el pasado 15 de febrero, a petición de Estados Unidos.
La fiscalía presentó su solicitud al Juzgado de Privación de Dominio para efectuar las incautaciones y aseguramientos luego de conocer las supuestas relaciones de Hernández con personas vinculadas al narcotráfico.
“Los fuertes antecedentes de hechos plasmados en los informes de investigación” sustentan las medidas, indicó un comunicado del Ministerio Público este viernes. Las acciones se desprendieron hacia los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira.
Estados Unidos solicitó el 15 de febrero la extradición de Hernández, que fue ratificada el lunes por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, luego que la defensa apelara la decisión de un juez de un tribunal menor.
Estados Unidos acusa al expresidente de “conspiración (...) para importar sustancia controlada” y “poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.
Según la solicitud de extradición, entre 2004 y 2022 “Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares”, por mar y aire.
Desde la cárcel en una sede policial, Hernández se defendió, reiterando que es “inocente” y “víctima de una venganza y una conspiración” de capos narcotraficantes que él extraditó y que sirvieron de testigos contra su hermano.
