02/02/2023
07:25 AM

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Aseguran e incautan bienes del expresidente Juan Orlando Hernández

Se trata de 33 inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros.

Tegucigalpa, Honduras.

En horas de la mañana de este viernes se puso en marcha el aseguramiento e incautaciones de múltiples bienes del expresidente Juan Orlando Hernández, luego de un trabajo de investigación patrimonial y financiero sobre el núcleo familiar.

Se trata de aseguramientos e incautaciones de los bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros, vinculados al núcleo familiar, quienes son sujetos de investigación conforme a las causales de privación de dominio de bienes de origen ilícito.

Dentro de las vinculaciones sostenidas por el Ministerio Público para solicitar la imposición de medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento de bienes, se encuentra su relación señalada con personas vinculadas al narcotráfico y con quienes en su momento existió relación transaccional financiera y de constitución de sociedades.

Los aseguramientos e incautaciones de 33 inmuebles se llevan a cabo en los departamentos de Francisco Morazán , Olancho y Lempira, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros.

Hasta en horas del mediodía el Instituto de la Propiedad (IP) informó únicamente de 25 bienes en Tegucigalpa, tres en Tegucigalpa y dos en Juticalpa.

El juez competente decidió otorgar el aseguramiento del total de bienes fijados en la pretensión del Ministerio Público, (lo que implica una prohibición registral de celebrar actos y contratos sobre los referidos bienes).

Agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico en el occidente del país.

Según el Ministerio Público, con relación a los bienes otorgados en dación de pago a una institución financiera, luego de iniciado el proceso de extradición, se debe examinar la debida diligencia y acreditación de una tercería de buena fe exenta de culpa, mientras que sobre el resto de bienes han recaído inversiones en concepto de mejoras que entran en el período de investigación y por tanto constituyen una mezcla de capitales, como precepto autorizante para el otorgamiento de las medidas solicitadas.

Policías ubicados en las afueras de la vivienda de la familia Hernández Alvarado en Tegucigalpa.

Las acciones las están desarrollando elementos de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (Dlcn) y de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco).

La petición fue enviada el pasado miércoles al el Juzgado de Letras de Privación de Dominio por parte de los fiscales que están a cargo de este tipo de tareas del Ministerio Público. Seguidamente, la petición fue analizada por el juez de Letras para emitir una resolución.

Juan Orlando Hernández (53) fue capturado el 15 de febrero en su residencia en Tegucigalpa, luego de que un día antes Estados Unidos solicitara a Honduras su arresto preventivo con fines de extradición.

El 16 de marzo, un juez natural designado por el Poder Judicial autorizó la extradición del exgobernante, la que fue ratificada el pasado lunes por el pleno de ese Poder del Estado, compuesto por 15 magistrados.

Los argumentos de su defensa, que el 19 de marzo presentó un recurso de apelación ante el Supremo hondureño, no fueron contundentes para los quince magistrados. Entre otras cosas, la defensa aducía que Hernández gozaba de inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Hernández, quien ejerció el poder en Honduras durante ocho años, hasta el pasado 27 de enero, es el primer expresidente del país en ser requerido en extradición por Estados Unidos para enjuiciarlo por narcotráfico.

La entrega del exmandatario ahora depende de la agilidad de las coordinaciones entre los agentes de las diferentes autoridades hondureñas y los agentes de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.

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Hernández tuvo una vertiginosa carrera política que le llevó a ser diputado y titular del Congreso Nacional por el ahora opositor Partido Nacional. Luego se convirtió en presidente del país durante ocho años, los últimos cuatro salpicados por una polémica reelección, porque la Constitución no se lo permitía, y ahora es el primer exgobernante de Honduras en ser solicitado por Estados Unidos para enjuiciarlo por narcotráfico.

Los cargos por los que lo acusa Estados Unidos

El primero es por “conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos”, con el “conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos” a aguas “a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos”.

Además, se le acusa de “fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos”.

El segundo cargo, es por “usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión” de “ametralladoras y dispositivos destructivos”. Las armas y los dispositivos destructivos serían “en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de los que se le acusa en el cargo uno”.

El cargo tres se refiere a una “conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, durante y en relación con, o poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”.

Según indicó Estados Unidos, “en total, desde aproximadamente el 2004, la conspiración transportó más de aproximadamente 500,000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos”.

El expresidente hondureño siempre rechazó las acusaciones procedentes de Estados Unidos que lo implicaban en delitos de narcotráfico, algunas de ellas por hondureños que enfrentan juicio o están condenados en ese país por tráfico de drogas.

En una carta pública difundida previo a conocerse sobre la ratificación de la CSJ, Hernández insistió en que es “inocente” y “víctima de una venganza y una conspiración” y que está “seguro que Dios” le “hará justicia”.

En marzo de 2021, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, su hermano, fue condenado a cadena perpetua y otros 30 años de prisión por narcotráfico.