Si un juez lo autoriza, la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado procederá al aseguramiento de las propiedades del expresidente Juan Orlando Hernández y su familia.
La Fiscalía solicitó ayer a un Juzgado de Letras de Privación de Dominio el aseguramiento de los bienes del ex-Presidente.
“Se recibió una petición en el Juzgado de Letras de Privación de Dominio en horas de la tarde (ayer) por parte de los fiscales que están a cargo de este tipo de tareas del Ministerio Público”, confirmó Melvin Duarte, vocero del Poder Judicial.
El IP reacciona a denuncia
El director del Instituto de la Propiedad (IP), Darío García, aseguró que “no se prestará para más actos de corrupción”, refiriéndose al traspaso de propiedades del exmandatario Juan Orlando Hernández a un banco efectuado por su esposa Ana García. El IP a través de su cuenta oficial de Twitter expuso que si existieran instituciones bancarias a las que se les compruebe vínculos con los presuntos actos ilegales de traspaso de propiedades sin seguir el debido proceso, amenazaron con dar fin a las alianzas comerciales. Esto luego de la denuncia el Consejo Nacional Anticorrupción, en donde señalan el traslado de dos bienes en dación de pagos.
Indicó que la solicitud de aseguramiento será analizada por parte del juez de letras antes de emitir resolución en un período de tres días hábiles.
La solicitud no solo incluye a los bienes propiedad del ex-Presidente, sino a los que pertenece a su familia más cercana: su esposa Ana García, madre e hijos.
Desde hace unas semanas, la Fiscalía comenzó a realizar la diligencias en relación con las propiedades del ex-Presidente.
A la Oficina de Catastro de la ciudad de Gracias, Lempira, llegaron los agentes y solicitaron de manera “urgente” que se proceda a informar si Juan Orlando, su esposa Ana García, sus hijos y su madre presentaron solicitud de permisos de construcción ante esa comuna.
El listado incluye a las empresas Inversiones del Río, Inversiones Puca, Termas del Río e Inmobiliaria Villa Verde.
Si la petición de la Fiscalía contra el Crimen Organizada es admitida por el juez de Privación, el organismo fiscal procederá a través de un operativo a asegurar casas, empresas, haciendas, joyas, cuentas bancarias, caballos purasangre y ganado del exmandatario y su familia, bajo el argumento de fueron obtenidas con recursos provenientes del narcotráfico. De lo contrario el expediente será archivado.
Sus propiedades
Entre los bienes inmuebles, propiedad del exjefe de Estado y que podrían ser asegurados, están una vivienda en la colonia Rubén Darío, de Tegucigalpa, que la obtuvo por un valor de 1,200,000 lempiras, una casa en la colonia Hato de Enmedio, siempre en la capital, adquirida en 2006 por un monto de 99,844 dólares.
Además, otra vivienda que Hernández compró en 2011 en el Hato de Enmedio a un precio de 201,131 dólares y la lujosa residencia en Villas Las Palmeras de San Ignacio, donde vive actualmente la familia Hernández García, adquirida en 2013 a un costo de 240,995 dólares.
El abogado penalista Marlon Duarte explicó que “el aseguramiento prácticamente es emitir un oficio al IP, a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para emitir una prohibición de celebrar actos y contratos”.
Más de 20 días tardaría resolver recurso de amparo
Tegucigalpa. El recurso de amparo interpuesto por los apoderados legales de Juan Orlando Hernández no es más que una dilatoria para que su defendido pueda pasar unos días más en el país, según expertos.
Mario Díaz, coordinador de Tribunales de Sentencia del Poder Judicial, es del criterio que “ya no cabe un recurso en relación con ese tema”.
Explicó que “por una parte no está contemplado dentro de la legislación en términos de extradición, que haya otro tipo de recursos cuando ya la Corte se ha pronunciado sobre el recurso de apelación que ya fuer presentado; desde el punto de vista técnico jurídico no cabe ningún recurso”.
Reconoció que “en el sentido de que somos un Estado de derecho y que existe el derecho a peticionar cualquier tipo de circunstancia que la parte considere que hay una afectación para su persona”.
Sobre el tiempo para resolver este recurso, el jurista aclaró: “Si nos vamos a lo que reza en la Ley de Justicia Constitucional, estaríamos hablando que primero tendrá que venir un período de admisión, que no sabemos quién lo va a conocer”.
“Obviamente, si fuera un trámite normal estaríamos hablando de un máximo de 20 días; pero como es un procedimiento que no está contemplado habría que ver cuál es la decisión que va a tomar la Corte”.
