Tegucigalpa, Honduras. Hasta agosto de 2026 se registran 1,564 denuncias por violencia doméstica en Honduras, una cifra que enciende las alarmas entre las instituciones de justicia por el creciente riesgo para las mujeres.
Ante esta realidad, el Poder Judicial, junto con organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio Público y la Policía Nacional, trabaja en un anteproyecto de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica.
Según Rubenia Galeano, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, el anteproyecto busca actualizar la normativa, que entró en vigencia en 1997, e incorporar “las situaciones que afectan a las mujeres, pero que no están contempladas de manera expresa”.
“Estamos trabajando en el proyecto de reforma a la Ley contra la Violencia Doméstica, se han ido modificando algunas disposiciones de la ley que tiene más de 25 años, pero también se han ido ordenando párrafos de disposiciones que estaban aisladas”, explicó Galeano.
La magistrada señaló que los cambios han provocado un aumento en el número de artículos del proyecto, por lo que todavía deberá definirse, desde el punto de vista de la técnica legislativa, si se tratará de una nueva normativa o de una reforma a la legislación vigente.
La consultora internacional Reyna Rivera explicó que el anteproyecto incorpora definiciones relacionadas con la violencia vicaria y la violencia digital.
“Se está incorporando son nuevas definiciones de violencia, reconociendo, la violencia vicaria cuando se utiliza a los hijos para causar daño a la mujer. También se está incorporando la violencia digital, que tiene que ver con todas las formas de usos de formas electrónicas para causarle daño a la mujer en su integridad física, psicológica, sexual, etcétera”, señaló Rivera.
La consultora agregó que el proyecto también plantea que los jueces puedan considerar la historia de violencia para que los casos no se analicen únicamente a partir del último hecho denunciado.
“Se está incorporando nuevas formas de violencia, se está incorporando algunas definiciones como la necesidad que los jueces puedan ver la historia de violencia”, manifestó.
Rivera explicó que la intención es que los operadores de justicia puedan conocer la trayectoria de los hechos de violencia y no limitarse al episodio más reciente.
El anteproyecto también contempla reformas en materia de procedimiento y reparación para las víctimas. Galeano indicó que el proyecto busca atender no solo la resolución jurídica del caso, sino también las consecuencias sociales que enfrenta la víctima.
“Tenemos la obligación de ir definiendo que vamos a hacer cuando se ha resuelto la parte jurídica del problema, lamentablemente como Estado, las instituciones que en algún momento debían apoyar la aplicación de la ley en estos extremos no han tenido los implementos necesarios o los mecanismos para poder acudir a ellos”, explicó la consultora internacional.
Homologar las sanciones
Además, el anteproyecto busca homologar las sanciones aprobadas por el Congreso Nacional, que aprobó un paquete de reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Doméstica para endurecer los castigos por femicidio, crear juzgados especializados y establecer la prohibición de portar armas, conducir o postularse a cargos públicos para los agresores de manera permanente.
Según Doris Cortés, jefa de la Unidad de Género de la Policía Nacional, en la línea 114 se registraron 1,354 denuncias por violencia doméstica en 2024; en 2025, un total de 2,037; mientras que, hasta agosto de 2026, se contabilizan 1,564 incidencias.
No obstante, la funcionaria explicó que de las denuncias registradas en 2026, apenas 285 personas han sido detenidas por diferentes actos relacionados con violencia doméstica, maltrato familiar y amenazas, entre otros. Esto significa que, de acuerdo con estas cifras, aproximadamente el 18% de las denuncias registradas durante 2026 han derivado en una detención.
Ante estas cifras, la comisionada aseguró que el anteproyecto representa una estrategia para reforzar la respuesta frente a los hechos de violencia doméstica en Honduras.
“Hay situaciones que se pueden prevenir y con este plan de implementación estamos apostando a la prevención a través de la regionalización. En primer lugar de la línea 114, Mujer Vivir Sin Miedo, en donde tenemos abogados, tenemos también un personal de psicología para que atiendan de manera personalizada hoy en día a la mujer agredida”, explicó.
El anteproyecto plantea fortalecer la respuesta frente a la violencia doméstica mediante modificaciones sustantivas y procedimentales, además de incorporar nuevas formas de violencia y mecanismos de reparación. La propuesta todavía debe avanzar en su definición técnica antes de establecer si se presentará como una reforma de la normativa vigente o como una nueva ley ante el pleno de magistrados y, posteriormente, ante el Congreso Nacional.
