La violencia doméstica continúa siendo un problema recurrente en el país. Solo en la capital industrial, la Policía Nacional ha recibido más de 800 denuncias en lo que va del año. Sin embargo, la mayoría de las víctimas no da seguimiento a los procesos legales correspondientes.
“Soporté el maltrato de mi esposo por cinco años. Todo comenzó con agresiones verbales y ya después me golpeaba. No tenía adónde acudir porque me daba pena contarle a mi familia. No lo abandonaba porque mi hijo y yo dependíamos económicamente de él, pero al ver que la violencia era cada vez más fuerte, decidí denunciarlo, y ahora tengo paz y un ambiente seguro para mi hijo”, expresó una sampedrana, que por seguridad omitió su nombre.
Autoridades policiales informaron que entre las denuncias que reciben a diario predominan los delitos de violencia física e intrafamiliar.
Las mujeres siguen siendo el grupo más vulnerable, especialmente por agresiones físicas. De enero a julio, los meses con mayor incidencia fueron marzo, abril y mayo, con más de 110 denuncias en cada uno.
Más allá de los femicidios, cientos de mujeres enfrentan diariamente otras formas de violencia: física, psicológica, sexual, económica y política.
Aunque muchas logran denunciar, otras tantas callan por miedo, desconfianza en el sistema o por la normalización de los abusos. La impunidad sigue siendo un obstáculo recurrente, lo que agrava el riesgo de que estos casos terminen en tragedia.
Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), informó que a nivel nacional se contabilizan 139 femicidios en lo que va del año, superando en seis casos la cifra registrada en el mismo período de 2024.
Según datos del Observatorio, la violencia contra las mujeres en Honduras continúa dejando un alarmante saldo de víctimas. Solo en el departamento de Cortés, 23 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2025, de las cuales 13 casos ocurrieron en la capital industrial.
En el caso de San Pedro Sula, los 13 homicidios registrados afectan a mujeres cuyas edades oscilan entre los 3 y los 44 años; tres de ellas eran menores de edad.
Según Ayestas, el patrón de violencia es cíclico y profundamente cultural: “A muchas mujeres se les enamora, se les agrede y luego se les mata. Es un círculo vicioso ante el cual no hay reacción contundente por parte de las autoridades”.
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Ayestas también subrayó la falta de investigación efectiva por parte de los entes del Estado, pese a que en la mayoría de los casos los agresores son personas cercanas a las víctimas, como parejas, exparejas o incluso familiares.
“Cuando no se investiga ni se judicializa, se abre la puerta para que estos crímenes se repitan. Muchas mujeres no saben que son víctimas. La violencia cultural las hace creer que ser agredidas es normal, y eso justifica a los agresores. Las que logran denunciar enfrentan un sistema lento que las hace desistir”, lamentó Ayestas.
El panorama se agrava con el aumento de desapariciones de mujeres y niñas, un fenómeno que preocupa profundamente a las organizaciones de derechos humanos.
Nohemí Dubón, directora del Foro de Mujeres, instó al Estado a actuar de forma contundente: “El Gobierno debe tomar medidas concretas para prevenir que más niñas y mujeres sigan desapareciendo. Hemos documentado casos en todo el país, es urgente que las instituciones reaccionen”.
Según organizaciones de sociedad civil, las desapariciones afectan principalmente a niñas y mujeres entre los 12 y 24 años. Sin embargo, muchas familias no denuncian por temor a represalias o por la revictimización institucional. Además, persiste una falta de registro oficial que visibilice la dimensión real del problema.
“La indiferencia estatal es inaceptable. Mientras los actores políticos pelean entre sí, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia sin que el Estado asuma su responsabilidad”, advirtió Dubón.
Sandra Ruiz, representante del Observatorio Político de Mujeres, alertó sobre el incremento de la violencia política contra las mujeres, manifestada de forma física, verbal, psicológica y digital.
“En Honduras no existe un marco legal sólido que respalde a las mujeres que enfrentan violencia política. Desde el Observatorio estamos documentando estos casos, pero urge una ley nacional que garantice protección y justicia”, agregó Ruiz.
