El pleno del Congreso Nacional aprobó por absoluta unanimidad un severo paquete de reformas estructurales a la Ley Contra la Violencia Doméstica, orientadas a frenar los alarmantes índices de impunidad y agresiones que sufre la mujer en el país.
La sesión legislativa estuvo marcada por un profundo y beligerante debate liderado por las diputadas de las diferentes bancadas, quienes expusieron la urgencia de dotar de "dientes" reales a un estamento jurídico que databa de 1997 y que resultaba insuficiente ante la crisis de violencia de género. Con las modificaciones decretadas, el Estado hondureño implementará herramientas tecnológicas de punta y sanciones de muerte civil para asfixiar financiera y socialmente a los agresores.
El dictamen unificó las iniciativas presentadas por los parlamentarios Lucy Michell Guerrero, Hugo Noé Pino, Kritza Pérez y Juan Carlos Lagos, fundamentando los cambios en teorías criminológicas de disuasión específica.
La reforma modifica el Artículo 6 de la normativa actual e introduce el Sistema Nacional de Protección Electrónica, obligando a los victimarios de alto riesgo a portar dispositivos de geolocalización, como brazaletes o tobilleras electrónicas.
El sistema funcionará con un centro de monitoreo las 24 horas del día y emitirá alertas en tiempo real coordinadas con la Policía Nacional en caso de que el denunciado vulnere el perímetro de alejamiento de la víctima.
Las legisladoras remarcaron que el uso de la tecnología de geocercas evitará la escalada de agresiones hacia escenarios de femicidio. Otra de las modificaciones medulares radica en el fortalecimiento del concepto jurídico de “Hogar sin Agresores”, extendiendo la temporalidad máxima de las medidas de protección y cautelares, las cuales ya no serán de corto plazo sino que podrán prolongarse desde dos meses hasta un año entero, según la evaluación de riesgo del juez, con la opción de prórrogas consecutivas.
Asimismo, la reforma introduce un fuerte blindaje habitacional para los hijos de las víctimas, dictaminando que los menores de 21 años o los que se encuentren cursando estudios universitarios de pregrado tendrán el derecho absoluto de continuar habitando la vivienda familiar sin que el agresor pueda reclamar el inmueble.
Las propulsoras de la ley recalcaron que esta extensión frena el desarraigo de las víctimas, quienes históricamente debían abandonar sus casas para huir del maltratador.
El decreto da vida de igual forma al Registro de Agresores Contra la Mujer, el cual será administrado, actualizado y custodiado de forma directa por el Juzgado Especial Contra la Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia.
Esta plataforma digital compilará el historial de los hombres con sentencia firme por maltrato, así como de aquellos que tengan medidas restrictivas activas.
La base de datos estará interconectada con la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y la Secretaría de Trabajo.
Castigos
El endurecimiento de las penas accesorias contenidas en los nuevos artículos 20-C y 20-D golpeará directamente el ejercicio profesional, civil y la portación de armas de los condenados.
La ley prohíbe taxativamente la emisión de licencias de conducir por un plazo de dos años a quienes cuenten con sentencia firme por violencia doméstica.
En el plano de las armas, se decreta una inhabilitación permanente y vitalicia para adquirir, comprar, poseer, registrar o portar cualquier tipo de arma de fuego y municiones en el territorio nacional, ordenando la cancelación definitiva de los permisos vigentes a nombre del sentenciado.
El debate subió de tono al abordar la purga estatal que provocará la ley en el engranaje de la administración pública del país.
Queda terminantemente prohibida la contratación, nombramiento o permanencia en cargos públicos de personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por la comisión de violencia doméstica por los cinco años posteriores.
La ley manda la ejecución de un despido justificado e inmediato de cualquier servidor público que reciba una condena firme por maltrato doméstico, siendo una obligación ineludible para el titular de cada institución estatal.
Las reformas pretenden desmantelar la tolerancia sociocultural del sistema y castigar con severidad los expedientes de violencia intrafamiliar, los cuales representan uno de los problemas estructurales más graves en la sociedad hondureña, donde el 52% de las mujeres confiesan haber sufrido algún tipo de abuso a lo largo de sus vidas.
