La industria de la construcción advierte que San Pedro Sula crece, construye torres y urbanizaciones, pero continúa descargando sus aguas residuales sin tratamiento.
A menos de cuatro años del vencimiento de la concesión de Aguas de San Pedro, el tiempo para corregir el rumbo se agota y urgen decisiones inmediatas.
Tal como reveló LA PRENSA, la deuda principal de la concesión del servicio de agua potable en San Pedro Sula sigue siendo el saneamiento ambiental, en una ciudad donde el crecimiento vertical avanza a un ritmo acelerado.
Cada nuevo edificio, residencial y complejo comercial representa más habitantes, mayor consumo de agua y, sobre todo, una mayor generación de aguas residuales.
Sin embargo, la infraestructura destinada a tratar esos desechos permanece prácticamente en las mismas condiciones que hace más de dos décadas: no existen plantas de tratamiento en operación ni si quiera lagunas de oxidación.
Esa es la principal preocupación expuesta por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico-Capnor), en una carta dirigida a la Corporación Municipal y enviada el 22 de julio de 2026 a la que tuvo acceso LA PRENSA.
En ella, el gremio hace un llamado para atender lo que considera una prioridad impostergable: rescatar la planificación del saneamiento de San Pedro Sula antes de que concluya, en 2030, la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado administrado por Aguas de San Pedro.
Más que una comunicación de una de las organizaciones representativas del sector construcción, el documento constituye una advertencia sobre una ciudad que continúa expandiéndose mientras mantiene una de sus principales deudas ambientales.
El gremio recuerda que, en 2013, la Municipalidad adquirió tres terrenos destinados a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en Cofradía, Rivera Hernández y Chotepe, ésta última cerca del Estadio Olímpico.
Según Chico-Capnor, el terreno ubicado en Chotepe fue invadido completamente y se perdió para el proyecto. Los otros dos predios permanecen sin ser transferidos formalmente a Aguas de San Pedro, situación que impide que la concesionaria pueda cercarlos, protegerlos y evitar nuevas invasiones.
Es una prioridad en la ciudad
César García, presidente regional de Chico-Capnor, explicó que el saneamiento ambiental es un tema que el gremio ha analizado con preocupación, ya que se trata de terrenos adquiridos con recursos públicos que permanecen vulnerables, lo que representa un riesgo para inversiones estratégicas que la ciudad necesitará de forma inevitable.
La organización recomienda a la Corporación Municipal realizar el traspaso inmediato de los terrenos conforme a la ley para garantizar su protección y utilización de acuerdo con el propósito para el que fueron adquiridos.
Asimismo, enfatiza que la protección de esos predios no debe condicionarse a la construcción inmediata de las plantas de tratamiento, ya que el objetivo es preservar desde ahora activos estratégicos financiados con recursos públicos.
Aunque la carta solicita proteger los terrenos y buscar un reemplazo para el predio perdido en Chotepe, el problema de fondo es mucho mayor.
Mientras Chico-Capnor hace este llamado, San Pedro Sula continúa descargando gran parte de sus aguas residuales en quebradas, ríos y, finalmente, en el río Chamelecón, cuyas aguas desembocan en el mar Caribe.
La ausencia de tratamiento afecta la salud pública, deteriora los ecosistemas, limita la competitividad de la ciudad y compromete la sostenibilidad de futuras inversiones.
Paradójicamente, mientras se autorizan nuevos proyectos inmobiliarios ya umenta la densidad urbana, la infraestructura sanitaria permanece rezagada.
Uno de los aspectos más delicados planteados por la Cámara de la Construcción es la proximidad del vencimiento de la concesión de Aguas de San Pedro.
Faltan menos de cinco años para que concluya el contrato y aún no existe información pública sobre cómo será la transición del servicio, quién administrará el sistema después de 2031 ni cuáles serán las inversiones prioritarias.
Por ello, el gremio solicita que la Municipalidad presente un plan integral que incluya el inventario de activos, el estado financiero y operativo del sistema, las necesidades de inversión y las alternativas para el futuro modelo de administración.
También plantea que cualquier decisión sobre ampliar, modificar o sustituir la concesión tenga como condición prioritaria la construcción y puesta en funcionamiento de las plantas de tratamiento.
Rendir cuentas porque son fondos públicos
Además, Chico-Capnor solicita que la Municipalidad rinda cuentas sobre el destino de los terrenos adquiridos para las plantas. Entre otros aspectos, pide un informe que detalle la ubicación y situación legal de cada predio; los antecedentes de su adquisición; las razones por las que no han sido transferidos a Aguas de San Pedro; la situación jurídica del terreno invadido en Chotepe; las acciones para evitar perder los predios restantes y un cronograma para formalizar los traspasos.
Asimismo, solicita conocer el estado del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario presentado por Aguas de San Pedro y las inversiones ejecutadas durante la concesión.
La Cámara también recomienda iniciar desde ahora la gestión de recursos nacionales e internacionales para financiar los estudios, diseños y construcción de las futuras plantas de tratamiento.
Considere que contar con terrenos protegidos y proyectos técnicamente estructurados facilitaría el acceso a la cooperación internacional, organismos multilaterales, alianzas público-privadas e inversión municipal.
El saneamiento de San Pedro Sula ha permanecido durante años como uno de los proyectos más postergados de la ciudad.
Distintas administraciones municipales han reconocido la necesidad de construir plantas de tratamiento; Sin embargo, los proyectos no se han materializado, mientras la ciudad continúa creciendo y aumentando la descarga de aguas residuales sin el tratamiento que exige una urbe con más de un millón de habitantes en su área metropolitana.
La carta vuelve a colocar el tema sobre la mesa, pero también evidencia una realidad incómoda: San Pedro Sula entra en la recta final de la concesión del agua sin haber resuelto la principal obligación ambiental de su sistema de saneamiento.
Más allá de quién administrará el servicio después de 2031, el desafío sigue siendo el mismo: decidir si la ciudad continuará posponiendo una infraestructura esencial para proteger sus ríos, la salud pública y su futuro, o si finalmente convertirá el saneamiento en una verdadera prioridad.
La actual administración municipal ya transita su segundo período de gobierno; Sin embargo, hasta ahora este tema no figura entre las prioridades públicas de discusión, pese a su impacto estratégico para el desarrollo sostenible de la ciudad.
