El panorama político y de seguridad en Honduras continúa siendo un factor determinante para la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
El Informe sobre el Clima de Inversión 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que a pesar de ciertos avances en la reducción de homicidios, los altos niveles de criminalidad, la persistencia de pandillas y la incertidumbre política siguen elevando los costos y limitando la expansión empresarial.
El informe establece que los índices de violencia en el país, aunque en descenso, permanecen entre los más altos de la región. Honduras logró reducir la tasa de homicidios a menos de 40 por cada 100,000 habitantes, una cifra menor a la de años anteriores, pero aún alarmante.
Sin embargo, delitos como la extorsión y el secuestro continúan siendo comunes, particularmente en zonas urbanas, donde operan pandillas con fuerte presencia territorial.
El Gobierno mantiene un estado de excepción desde diciembre de 2022, que implica la suspensión de garantías constitucionales en 17 de los 18 departamentos del país.
Esta medida, según las autoridades, busca combatir la criminalidad organizada, aunque ha generado debate sobre su impacto en derechos fundamentales y en la actividad económica.
La inestabilidad política añade otra capa de incertidumbre. El informe indica que las manifestaciones son frecuentes y grupos conocidos como “colectivos”, vinculados al partido oficialista, han llegado a interrumpir actividades comerciales e incluso servicios médicos, en ocasiones recurriendo a la violencia.
“Estas acciones generan un ambiente de inseguridad que desalienta tanto la inversión local como la extranjera”.
Otro punto crítico es el papel de Honduras como país de tránsito del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Las disputas territoriales entre grupos criminales no solo incrementan la violencia, sino que también permiten la infiltración de capitales ilícitos en el sistema judicial, debilitando aún más la confianza en las instituciones y distorsionando el acceso a la justicia.
Si bien el número de secuestros con fines de rescate bajó de 92 en 2013 a 15 en 2021, gracias al trabajo de la Unidad Antiextorsión de la Policía Nacional apoyada por Estados Unidos, la amenaza de la violencia criminal no ha desaparecido.
Además, la corrupción y el lavado de dinero siguen siendo obstáculos persistentes para la prosperidad económica y la estabilidad empresarial, revela el informe. Aunque los homicidios han bajado, la violencia, el narcotráfico y la corrupción siguen afectando la estabilidad e inversión.
