El más reciente informe sobre el clima de inversión en Honduras 2025, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, remarca que, aunque el país cuenta con sectores prometedores y una ubicación estratégica para atraer capital extranjero, su potencial sigue limitado por la corrupción, la inseguridad jurídica y la debilidad institucional.
El documento reconoce que dentro del gobierno de Xiomara Castro existen funcionarios que valoran y promueven el papel del sector privado en la creación de empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, advierte que otros altos dirigentes del partido oficialista Libre han mostrado actitudes hostiles hacia la empresa privada, lo que genera señales mixtas para los inversionistas.
“Estas actitudes contradictorias socavan los esfuerzos del gobierno por superar los constantes desafíos que enfrenta Honduras para crear un clima propicio para la inversión estadounidense y extranjera”, señala el informe.
Factores
Entre los principales retos, el Departamento de Estado enumera los desequilibrios macroeconómicos, la corrupción, una aplicación impredecible de los impuestos, disputas recurrentes por la tierra, una energía poco fiable y costosa, alta criminalidad, baja calidad educativa y una infraestructura deficiente.
Los inversionistas consultados destacaron una alta incertidumbre sobre las políticas gubernamentales, lo que ha generado reticencia para ampliar operaciones en el país. Parte de esta inseguridad se atribuye a iniciativas como el proyecto de Ley de Justicia Tributaria, que busca reformar el sistema de exoneraciones fiscales; las dificultades para acceder y repatriar dólares provenientes de las subastas del Banco Central; y el retiro de Honduras del Ciadi, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados.
Corrupción
La corrupción continúa siendo el principal obstáculo para la inversión extranjera. El informe detalla casos de sobornos, favoritismo en contrataciones públicas, captura institucional y una ausencia de consecuencias legales para los responsables.
“La corrupción a todos los niveles del gobierno, combinada con la debilidad en la aplicación del Estado de derecho, genera desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones reguladoras”, advierte el documento.
Empresas operando en Honduras reportan presiones ilegales, sobre todo en los sectores de construcción, licitaciones públicas y permisos ambientales.
A esto se suma la inestabilidad normativa, con cambios frecuentes de reglas y reformas sin consulta, como la eliminación de incentivos fiscales o los conflictos en torno a las zedes, lo que ha provocado litigios y ha erosionado la confianza en los tribunales para resolver disputas comerciales.
El informe también destaca problemas operativos crónicos que afectan el ambiente de negocios, entre ellos la tramitología excesiva para obtener permisos y licencias, la infraestructura deficiente —especialmente en materia de energía y red vial—, los altos costos de electricidad y logística, así como la limitada digitalización de los procesos gubernamentales.
Además, la violencia, los conflictos agrarios y la escasa presencia estatal en zonas rurales dificultan la implementación de proyectos sostenibles, en especial en los sectores agrícola, energético y minero.
Pese a las dificultades, el Investment Climate Statement 2025 reconoce oportunidades reales para la inversión en sectores estratégicos como energías renovables, zonas francas y maquila, agroindustria, turismo sostenible y tecnología e infraestructura digital.
También destaca los esfuerzos por mejorar la transparencia fiscal y atraer inversión climáticamente responsable, mediante financiamiento verde y programas de cooperación internacional.
Conclusión
El informe concluye que el flujo de capital extranjero hacia Honduras seguirá limitado mientras no se implementen reformas firmes y coherentes para combatir la corrupción, reforzar el Estado de derecho y garantizar una estabilidad regulatoria.
“Los inversionistas buscan previsibilidad, integridad institucional y garantías legales claras. Mientras estos elementos sigan ausentes, el potencial del país se verá truncado por su propia fragilidad interna”, sentencia el documento.
