El Poder Judicial manifestó este lunes su preocupación por el proyecto de decreto que reforma el artículo 3 transitorio del Decreto 282-2010, actualmente en trámite legislativo y discutido en primer debate en el Congreso Nacional.
A través de un comunicado, la Presidencia del Poder Judicial indicó que comparece con “respeto institucional” y con el propósito de defender el orden constitucional, la estabilidad institucional y el derecho de la ciudadanía a una justicia pronta, imparcial y eficaz.
Aunque la institución dejó claro que respeta la potestad legislativa del Congreso Nacional para crear, reformar y derogar leyes, advirtió que esa función tiene límites constitucionales cuando una modificación impacta directamente en la independencia y autonomía de otro Poder del Estado.
En ese sentido, citó el artículo 4 de la Constitución de la República, que establece que los poderes del Estado son complementarios e independientes, sin relaciones de subordinación, y subrayó que la independencia judicial es un principio esencial del Estado de derecho.
El Poder Judicial, cuya presidenta es la magistrada Rebeca Ráquel Obando, alertó que el texto en discusión podría generar riesgos jurídicos, operativos e institucionales que afectarían su funcionamiento. Señaló que la redacción del dictamen, al plantear “devolver facultades al Pleno”, crea ambigüedad en torno a competencias y responsabilidades.
Además, advirtió que trasladar decisiones de personal y disciplina a un órgano colegiado de quince magistrados, con exigencias de mayoría para su validez, podría provocar retrasos administrativos y comprometer la imparcialidad y las garantías del derecho de impugnación.
Ante este escenario, la institución llamó a las y los diputados a redirigir los esfuerzos hacia “una verdadera solución de Estado” y solicitó suspender la aprobación definitiva del proyecto hasta realizar una revisión técnico-jurídica integral.
El Congreso Nacional ya discutió en primer debate un proyecto de decreto que otorga facultades administrativas transitorias al pleno de los 15 magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia, como órgano colegiado, mientras se eligen los integrantes del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.
