Alrededor de 60 organizaciones campesinas, agrupadas en la Plataforma Agraria, se reunieron en esta ciudad con el objetivo de definir estrategias de resistencia frente a la reciente aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial en Honduras.
Los movimientos campesinos denuncian que la normativa, que incluye reformas al Código Penal, tiene como fin facilitar el desalojo de las familias que mantienen procesos de “recuperación de tierras” en diversas fincas productoras de palma africana en la zona del Bajo Aguán.
En días recientes, las organizaciones comenzaron una serie de manifestaciones que incluyeron el cierre temporal del paso vehicular en el centro de Tocoa.
Los dirigentes advirtieron que, de no ser escuchados, las protestas se extenderán a tomas de carreteras a nivel nacional, pues consideran que el decreto legislativo es “excluyente” y atenta directamente contra la población campesina.
Según explicaron voceros de la Plataforma Agraria, estas reformas no solo ponen en riesgo el acceso a la tierra, sino que también exponen a los movimientos sociales, las comunidades rurales y los defensores de derechos humanos a una mayor criminalización por ejercer el derecho a la protesta.
Yony Rivas, representante de la Plataforma Agraria, cuestionó el trasfondo de la ley durante entrevistas con medios locales.
“En Honduras no debería haber clases privilegiadas y con este decreto se está privilegiando a un sector agroindustrial que pretende despojar a los campesinos e indígenas de sus territorios”, señaló Rivas.
Ante este escenario, la organización inició una jornada nacional de recolección de firmas.
El objetivo es presentar un documento ante el Congreso Nacional para exigir la derogación de la normativa y, además, solicitar un juicio político contra los legisladores que la impulsaron, a quienes los dirigentes califican como “traidores” a los intereses del campesinado.
Además de rechazar la ley agroindustrial, los manifestantes exigieron al Estado hondureño una investigación transparente y expedita sobre la reciente masacre ocurrida en la aldea Rigores, donde murieron 19 personas.
Según los dirigentes, este hecho, que ha consternado a la comunidad del Bajo Aguán, refleja la vulnerabilidad y la violencia que persisten en la región contra el campesinado.
