Un día como hoy la huelga de 1954 dejaba de ser local para volverse un movimiento nacional con más de 30,000 trabajadores en huelga, símbolo de la lucha obrera y campesina en Honduras; 72 años después, el Bajo Aguán sigue atrapado en otra lucha por tierra, empleo, palma africana y seguridad jurídica.
En Colón, al nororiente de Honduras, la lucha ligada a la tierra solo ha tenido cortas pausas, y cuando vuelve, lo hace con una fuerza bestial. Este jueves se han confirmado al menos 11 muertos en la finca Paso Aguán, Rigores, en otra sangrienta matanza, en una tierra bañada de sangre.
Aquí el conflicto reavidado con la última matanza, como en el 54, no solo es por el banano ni de obreros frente a compañías extranjeras, sino de campesinos, cooperativas, agroindustriales, inversionistas, fincas de palma africana, grupos armados, desalojos, invasiones y comunidades atrapadas en una conflictividad que parece no tener final.
El Bajo Aguán, en el departamento de Colón, arrastra una de las crisis agrarias más largas y violentas del país. Aunque por momentos se ha hablado de pacificación, diálogo y solución, el conflicto ha vuelto una y otra vez al mismo punto: ocupaciones de tierras, órdenes judiciales, desalojos, nuevas invasiones, enfrentamientos y muertos.
La raíz del conflicto se remonta a la década de 1970, cuando tierras de esa zona fueron asignadas a campesinos como parte de la Reforma Agraria. De ese proceso surgieron cooperativas como Camarones, Tranvío y El Chile, hoy nuevamente mencionadas en los episodios más recientes de tensión en el Aguán.
A inicios de la década de 1990, durante el gobierno del expresidente Rafael Leonardo Callejas, la Ley de Modernización Agrícola cambió el rumbo de muchas de esas tierras.
Parte de los predios pasaron a ser usufructuados por agroindustriales con el argumento de modernizar el agro. Algunos campesinos fueron indemnizados, otros vendieron sus parcelas y años después comenzaron a reclamar lo que ahora llaman recuperación de tierras.
La etapa más aguda del conflicto comenzó el 9 de diciembre de 2009, cuando el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), el Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán (Marca), el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y el Movimiento Campesino de Rigores (MCR) iniciaron una nueva lucha por el acceso a la tierra.
Los grupos campesinos se propusieron recuperar 26 fincas de palma africana, cuya pertenencia alegaban, aunque estas estaban en poder de grandes empresas agroexportadoras. Desde entonces, el Bajo Aguán se convirtió en el mayor conflicto agrario de Honduras en las últimas tres décadas.
Entre las zonas más golpeadas aparecen nombres que se repiten: El Tumbador, La Trinidad, Despertar, La Confianza, La Aurora, La Isla I, La Isla II, Lempira, Concepción, Marañones, Camarones, Quebrada de Arena y Agua Caliente. Allí se concentraron invasiones, enfrentamientos, presencia militar, denuncias de guardias privados, grupos armados y operativos policiales.
Entre 2009 y 2013, la margen izquierda y derecha del río Aguán fue escenario de una estela de muerte. Los archivos registran 123 muertos y seis desaparecidos entre campesinos, guardias de seguridad y militares. Para investigar esos hechos fue instalada la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán.
Uno de los episodios más recordados ocurrió en la finca El Tumbador, donde murieron cinco campesinos en noviembre de 2010. Después de ese hecho, el Estado desplegó operativos policiales y militares para intentar contener la violencia en una zona donde las fincas de palma africana se habían convertido en territorio de confrontación.
En ese momento, equipos de LA PRENSA pudieron ingresar sin problemas a fincas como La Confianza, Despertar y La Aurora. Líderes campesinos permitieron el recorrido y el ambiente era distinto al de los años más violentos. La zona parecía recuperar la calma.
Pero la paz fue frágil
El conflicto volvió a escalar con nuevas invasiones y con reclamos cruzados entre campesinos, productores, empresarios y autoridades.
Durante el gobierno de Xiomara Castro, se creó una narrativa de solución agraria mediante comisiones integradas por el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, el balance en Colón quedó marcado por la falta de resultados.
A mediados de febrero de 2022, el Gobierno firmó un acuerdo con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa), en busca de una salida al conflicto.
Pero el convenio no rindió frutos. Las invasiones continuaron, los desalojos no resolvieron el problema de fondo y varias fincas recuperadas volvieron a ser ocupadas al no mantenerse condiciones de seguridad.
Uno de los casos más recientes es la Finca Agrícola Blanca, ubicada en la comunidad El Tumbador, en Trujillo, propiedad del empresario y político Óscar Nájera. El predio, de unas 656 hectáreas, fue invadido el 26 de enero de 2022 por integrantes del Muca. Luego fue recuperado el 17 de enero de 2024 mediante orden judicial, tras casi dos años de ocupación, pero volvió a ser invadido el pasado 18 de diciembre.
A ese caso se suma la ocupación del complejo residencial Trujillo Beach Eco, ubicado en el sector de Marañones y propiedad de inversionistas canadienses, usurpado dos meses antes.
Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), actualmente se reportan alrededor de 66,000 manzanas de tierra agrícola invadidas en 17 municipios de ocho departamentos, principalmente en Colón y Atlántida. El sector privado estima pérdidas por unos 2,400 millones de lempiras y la pérdida aproximada de 220,000 empleos.
Ramón Molina, productor independiente de palma africana, resumió el sentimiento de los agroindustriales al señalar que el gobierno anterior quedó a deber en la solución del conflicto. “Las invasiones han provocado que se pierdan inversiones y que muchos empresarios se dediquen a otro rubro. Aquí los jóvenes están emigrando al Norte”, afirmó.
Molina también pidió al nuevo gobierno del presidente Nasry Asfura intervenir para frenar las invasiones y recuperar la seguridad jurídica en el país.
Otro punto reciente de tensión fue la finca Camarones, ubicada en la aldea Quebrada de Arena, en Tocoa. El pasado 8 de diciembre, la Policía ejecutó una orden judicial de desalojo tras dos años de ocupación. En el predio permanecían asentadas unas 200 familias campesinas.
Sin embargo, el operativo derivó en violencia. El grupo denominado Los Cachos atacó a socios de la cooperativa y se enfrentó con la Policía. En la refriega resultaron heridos varios campesinos, entre ellos Wendy Castro, subcoordinadora de la Plataforma Agraria, además de varios agentes policiales.
El conflicto también ha tenido nuevos hechos de sangre. El pasado 17 de enero, un grupo armado atacó la Cooperativa Campesina 9 de Agosto y asesinó a Marvin Ramírez Ramos, miembro de esa organización. Con ese crimen, la larga lista de víctimas del conflicto agrario en Colón volvió a crecer.
En las últimas décadas, la disputa por la tierra en el Bajo Aguán ha dejado alrededor de 200 muertos, según dirigentes campesinos y recuentos de la conflictividad en la zona. Johnny Rivas, dirigente campesino, entonces señaló que la Plataforma Agraria y la Copa llevan unos 20 años impulsando procesos legales para recuperar tierras que consideran de origen campesino.
El Bajo Aguán, sin embargo, ya no puede entenderse solo como una disputa agraria. En la zona se cruzan reclamos históricos de reforma agraria, propiedad privada, agroindustria, palma africana, empleo, inversión extranjera, crimen organizado, grupos armados, desplazamiento forzado, impunidad y ausencia de una respuesta estatal sostenida.
La paradoja es dolorosa: en una fecha que recuerda el inicio de la gran huelga obrera de 1954, Honduras sigue teniendo en el norte otra herida abierta relacionada con la tierra, el trabajo y la desigualdad.
El Bajo Aguán continúa siendo una zona fértil para la palma africana, pero también un territorio sembrado de desconfianza. Allí, la paz ha llegado por temporadas, nunca como solución definitiva.
Y mientras el Estado no logre cerrar la deuda histórica por la tierra, cada invasión, cada desalojo y cada muerte seguirá recordando que el conflicto agrario más largo del país todavía no termina.
