El sector privado confía en que el regreso de Honduras al Ciadi, un organismo internacional de arbitraje y conciliación de controversias, contribuya a atraer la inversión extranjera directa que el país necesita para generar empleo. Desde la Procuraduría General de la República (PGR), la postura es enfrentar las demandas internacionales sin una intención previa de conciliación, aunque con el interés de que se respeten las reglas establecidas en los contratos para evitar nuevos litigios contra el Estado.
El desafío será recuperar la confianza de los inversionistas y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de prevención y cumplimiento de las obligaciones contractuales del Estado. Para el sector privado, la seguridad jurídica y el respeto a las reglas pactadas serán factores determinantes para que Honduras mejore su clima de inversión y reduzca el riesgo de nuevas controversias internacionales.
Honduras regresó oficialmente este 16 de agosto al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Grupo Banco Mundial (BM), tras casi dos años de ausencia. Actualmente, están pendientes 14 casos relacionados con los sectores de energía, transporte, construcción, finanzas, servicios financieros y otras industrias, que representan reclamaciones por millonarias sumas de dinero.
No hay intención de conciliar
En una entrevista concedida a LA PRENSA, Javier Antonio Canales Henríquez, director nacional de Derechos Humanos, Arbitraje y Litigios Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), declaró que no pueden dar mayores detalles sobre las estrategias implementadas para enfrentar las demandas internacionales. Sin embargo, dejó claro que el Estado no tiene, de momento, una intención de conciliación y que se sigue el debido proceso.
Explicó que la reincorporación de Honduras al Ciadi es de suma importancia porque, durante décadas, el país se ha mostrado como una nación que respeta la inversión extranjera. “El hecho que hayan hecho el denuncio del tratado del Ciadi en el gobierno anterior, no era menos cierto que la continuidad de las acciones que tenían los inversionistas continuaba las acciones contra el Estado”.
El gobierno de Xiomara Castro formalizó la salida del Ciadi el 25 de agosto de 2024, al argumentar que la medida buscaba proteger la soberanía nacional, salvaguardar las finanzas públicas y evitar demandas multimillonarias de inversionistas extranjeros. No obstante, la decisión no evitó que el Estado recibiera nuevas demandas ni que los procesos existentes continuaran su curso.
Una oleada de casos se sumaron en el gobierno anterior
Por ejemplo, después del anuncio de la salida y antes de que esta se oficializara, el 8 de agosto de 2024 se sumaron dos demandas más del sector de energía renovable. Posteriormente, tras la salida oficial de Honduras del Ciadi, se registró una nueva demanda el 15 de mayo de 2025, relacionada con proyectos inmobiliarios y de desarrollo vinculados al sector de la construcción.
“Es una oleada de arbitraje que se ha creado en el periodo anterior y que nos ha venido a impactar nuestras finanzas, porque estos juicios tienen un costo importante por los valores que hacen petición”, aseveró Canales Henríquez.
Explicó que la salida del Ciadi, lejos de beneficiar al Estado, lo puso en una situación de debilidad estratégica. “Porque hay juicios que nosotros no participamos en la elección de los jueces o árbitros que le llamamos nosotros en materia de administración de este tipo de juicios en el Ciadi”.
Canales Henríquez calificó el regreso de Honduras al Ciadi como un eslabón más en materia de seguridad jurídica para la inversión extranjera directa, al implicar que el país tiene las puertas abiertas a la inversión y la responsabilidad de hacer frente al derecho de petición. “Usted tiene derecho a pedir, no porque lo pida se le va otorgar, muchas de las demandas están pidiendo cantidades que están fuera del orden lógico, de la inversión misma y de las posibilidades que pudieran otorgarse por parte de juicios arbitrales, sin embargo, tomamos en cuenta estas situaciones y verlas con estricto apego a derecho”, agregó Canales Henríquez.
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Aunque no precisó cifras, señaló que se dejaron de recibir inversiones extranjeras mientras Honduras estuvo fuera del Ciadi. Indicó que se han creado otras instancias, como las mesas de disputas, para que los conflictos no lleguen directamente al organismo y se agoten otros mecanismos de solución. Sin embargo, destacó que lo ideal es promover el respeto de los contratos y de las reglas del juego.
Se deben respetar los contratos
“No queda duda que son valores importantes que pueden ser destinados para otros sectores que el país realmente necesita, creemos que debemos utilizar los recursos de mejor manera para salvaguardar las inversiones. Una de las condicionantes que como abogados del Estado hacemos hincapié con las diferentes instituciones es que deben respetarse los diferentes contratos que se firmen con firmas nacionales e internacionales de inversión para reactivar una economía sana dentro de la seguridad jurídica”, enfatizó Canales Henríquez.
Empresa privada confía en que llegarán nuevas inversiones
Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró que el retorno de Honduras al Ciadi es necesario para atraer inversión extranjera directa. “Es una buena señal para que los extranjeros vengan a invertir al país y podamos generar mas empleo, sobre todo porque se necesitan empleos formales y mejorar nuestros índices económicos”.
Gallardo sostuvo que esta decisión brinda confianza y credibilidad a las empresas internacionales que quieran operar en Honduras.
Juan Carlos Sikaffy, expresidente del Cohep, manifestó que, desde la perspectiva del sector privado, el regreso de Honduras al Ciadi es una señal positiva y necesaria para recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
“Cuando Honduras decidió retirarse en 2024, manifestamos nuestra preocupación porque, independientemente de las razones políticas que pudiera tener el Gobierno en aquel momento, hacia afuera se transmitía una señal de mayor incertidumbre para el inversionista. El Ciadi no significa que el Estado renuncie a su soberanía ni que siempre tenga la razón el inversionista. Significa que existe un mecanismo internacional reconocido para resolver controversias cuando se producen diferencias entre un Estado y un inversionista.
Se debe seguir trabajando para atraer más de $1,000 en IED
Para un país como Honduras, que necesita atraer capital, generar empleo y competir con otros países de la región por las inversiones, contar con mecanismos internacionales de solución de controversias fortalece nuestra credibilidad”, aseveró Sikaffy.
Agregó que regresar al Ciadi no es suficiente y que la verdadera seguridad jurídica comienza dentro de Honduras: respetando la Constitución, las leyes y los contratos, además de garantizar instituciones sólidas e independientes.
Explicó que un inversionista puede asumir riesgos comerciales, de mercado o de competencia porque son parte natural de hacer negocios. Lo que difícilmente puede incorporar a sus modelos financieros es que, después de realizar una inversión importante, cambien las leyes, se desconozca un contrato o las decisiones administrativas dependan del Gobierno de turno.
“Cuando existe incertidumbre jurídica, el inversionista tiene tres opciones: exige una rentabilidad mucho mayor para compensar el riesgo, reduce el tamaño de su inversión o sencillamente lleva su capital a otro país y debemos recordar algo fundamental: Honduras no compite consigo misma por la inversión. Competimos con Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, México y muchos otros países”.
Sikaffy añadió que Honduras debería proponerse una meta mucho más ambiciosa y no conformarse con atraer alrededor de $1,000 millones anuales. “Tenemos ubicación geográfica privilegiada, acceso al mercado estadounidense, tratados comerciales, capacidad industrial y una población joven. Con estabilidad política, seguridad jurídica, infraestructura y reglas claras podemos aspirar a niveles significativamente superiores”, concluyó.
El inversionista quiere sentirse protegido
Jacqueline Foglia, exdirectora del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), indicó que, si se cambian las reglas del juego bajo las cuales se estableció un contrato de inversión, los inversionistas empiezan a desconfiar. Por ello, consideró importante respetar los contratos y no modificar las condiciones pactadas, sin importar qué Gobierno esté en el poder.
“El inversionista quiere sentirse protegido y que se le respeten sus derechos. Honduras debe enviar un mensaje, no cambiaremos las reglas del juego una vez firmados los contratos de inversión”, afirmó Foglia.
Honduras requiere atraer con urgencia nueva inversión extranjera directa (IED), luego de que en los últimos dos años ha registrado una caída importante por diversos factores. El país cerró 2025 con una inversión extranjera directa de $881.2 millones, es decir, $19.6 millones menos que en 2024 y $175.7 millones menos que en 2023, año en el que se registraron $1,056.9 millones, de acuerdo con el informe del Banco Central de Honduras (BCH).
