La Procuraduría General de la República (PGR) informó que apelará la decisión del juez natural que sustituyó el arresto domiciliario por nuevas medidas cautelares a varios exfuncionarios y un diputado señalados por fraude y prevaricato en perjuicio del Estado de Honduras.
Según la PGR, entre los beneficiados con la resolución se encuentran el diputado y exdirector de Sedecoas-Fhis, Nelson Márquez, los abogados Juan Madrid Lezama y Caronte Rojas, así como los jueces Irissabel Miranda, Raymundo Grádiz y Eva Vásquez, esta última exdirectora de Sedecoas-Fhis. También figura Martha Doblado, excoordinadora general de Gobierno.
La entidad argumentó que dicha resolución carece de fundamentos adecuados, especialmente por la gravedad del caso, por lo que presentará las impugnaciones correspondientes ante los tribunales de alzada.
El diputado del Partido Nacional seguirá defendiéndose en libertad tras permanecer 100 días con la medida de arresto domiciliario, acusado por los delitos de usurpación, daños y abuso de autoridad.
Reacción de Nelson Márquez tras decisión de juez
Luego de la decisión judicial, Nelson Márquez expresó su agradecimiento y mencionó que su participación siempre estuvo “en el marco de la ley”.
“Nuestra participación fue siempre en el marco de la ley, así lo hemos establecido siempre y hoy, gracias a Dios, gracias a la convencionalidad que existe, gracias al funcionamiento de la justicia en nuestro país, hoy recuperamos nuestra libertad”, señaló el parlamentario.
“Hoy quiero decirle a todo el pueblo hondureño, hay un Dios que es un Dios justo, un Dios correcto y hoy lo glorifico, porque estos 100 días han sido, aparte de ser un proceso judicial importante para mi vida, un proceso espiritual todavía más importante porque me ha permitido acercarme a Dios”, afirmó.
Millonario desfalco, según el Ministerio Público
Los imputados enfrentan un proceso penal por su supuesta participación en un desfalco superior a los 3,084 millones de lempiras al Estado de Honduras.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio se habría generado a través de un contrato irregular y un laudo arbitral sin respaldo legal, en el que intervinieron funcionarios de la Procuraduría General de la República, el Fondo Hondureño de Inversión Social y representantes de la empresa Nainsa.
De acuerdo con la acusación, los exfuncionarios habrían favorecido a la empresa en un proceso de resolución de controversias, comprometiendo fondos públicos de manera ilícita.
