El diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, se seguirá defendiendo en libertad tras permanecer 100 días con la medida de arresto domiciliario, acusado por los delitos de usurpación, daños y abuso de autoridad.
La decisión adoptada por un juez competente, resolvió otorgarle medidas distintas a la prisión preventiva, permitiéndole enfrentar el proceso judicial en libertad mientras continúa su investigación.
Márquez expresó su agradecimiento y enfatizó que su participación siempre estuvo “en el marco de la ley”.
“Nuestra participación fue siempre en el marco de la ley, así lo hemos establecido siempre y hoy, gracias a Dios, gracias a la convencionalidad que existe, gracias al funcionamiento de la justicia en nuestro país, hoy recuperamos nuestra libertad”, señaló el parlamentario.
El legislador también destacó el valor espiritual que tuvo este proceso en su vida:
“Hoy quiero decirle a todo el pueblo hondureño, hay un Dios que es un Dios justo, un Dios correcto y hoy lo glorifico, porque estos 100 días han sido, aparte de ser un proceso judicial importante para mi vida, un proceso espiritual todavía más importante porque me ha permitido acercarme a Dios”, afirmó.
La medida judicial que permitió su libertad también aplica a otros ciudadanos vinculados al caso: Juan Fernando Madrid Lezama, Eva María Vásquez Villanueva, Reynaldo Esaú Gradis Vilorio, Irisabel Lucía Miranda, Martha Vicenta Doblado Andara, Caronte Rojas Zavala y Rafael Eduardo Chávez Aguilar, quienes podrán igualmente continuar su defensa en libertad.
Proceso penal
Los imputados enfrentan un proceso penal por su supuesta participación en un desfalco superior a los 3,084 millones de lempiras al Estado de Honduras.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio se habría generado a través de un contrato irregular y un laudo arbitral sin respaldo legal, en el que intervinieron funcionarios de la Procuraduría General de la República, el Fondo Hondureño de Inversión Social y representantes de la empresa Nainsa.
De acuerdo con la acusación, los exfuncionarios habrían favorecido a la empresa en un proceso de resolución de controversias, comprometiendo fondos públicos de manera ilícita.
