Las representantes de las organizaciones que protegen a las mujeres indicaron que lo que hizo la mandataria es negar el derecho a las mujeres, niñas y adolescentes hondureñas a una educación sexual.
El veto que dio la presidenta Xiomara Castro a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente no es motivo de alegría para diferentes organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, quienes consideran que la mandataria no está cumpliendo sus promesas hechas en campaña.
La representante de la Movimiento Visitación Padilla, Merly Eguigure, opina que con el veto lo que se está haciendo es negando el derecho que las mujeres, las niñas y las jóvenes hondureñas que tienen a recibir una educación sexual que ayude a prevenir no solo embarazos no deseados, sino también abusos sexuales.
“Para nosotras como movimiento de mujeres Visitación Padilla el veto significa no cumplir con la palabra que dijo en su campaña y en su toma de posesión”, señaló.
La presidenta Castro devolvió la iniciativa aprobada el pasado marzo en el Congreso Nacional por no cumplir con su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes.
Entre las justificaciones resalta que si bien la ley recoge el interés público de contribuir para la educación de los adolescentes, “consideramos que no cumple con la finalidad de brindar educación integral para la prevención de embarazos adolescentes... ya que adolece de una respuesta adecuada a los valores inherentes a la educación del hogar, a las oportunas demandas de comunidades de madres y padres de familia, igual que de científicos y médicos especialistas...”, señala entre los argumentos.
Añade que es necesario integrar a los diferentes actores en la formulación de la ley, la definición de las políticas públicas y medidas adecuadas para la prevención de los embarazos en niñas y adolescentes.
Para Eguigure, el argumento no es una justificación válida para vetar una iniciativa que es necesaria y justa en el país.
“Si la responsabilidad se le asignaba a la Secretaría de Educación, estaba en manos de ellos definir los contenidos en función de la edad y los grados que se iba a implementar la educación sexual, entonces no me parece una justificación válida, porque día a día hay datos de abuso sexual en los casos que se denuncia y entonces no atender ese problema es negar nuestros derechos”, engatizó.
Sectores como las iglesias y el movimiento Por Nuestros Hijos rechazaron la ley por considerarla una imposición a la ideología de género, además que no fue socializada con ellos; además agregaron que son los padres de familia los que deben decidir qué tipo de educación se le debe dar a sus hijos.
Al respecto, la defensora de las mujeres dijo que la ley que se aprobó estaba bien, “que hay palabras que le gustan a unos eso es indistinto, pero creo que lo que se debe procurar es que en este país no se le siga negando la educación sexual a la niñez y la juventud. Porque lo que está ocurriendo es que los niños, niñas y jóvenes aprenden educación sexual en la calle o en la escuela con sus amigos y amigas de manera no científica y están cada vez más expuestos a información no adecuada a través de los medios digitales”.
Agregó que, si se les da la responsabilidad a los padres de enseñar educación sexual a los niños, se podría tardar varios años para lograr reducir los embarazos de adolescentes en el país.
Agregó que, si se le da la responsabilidad a los padres de enseñar educación sexual a los niños, se podría tardar varios años para lograr reducir los embarazos de adolescentes en el país. Añade que es necesario integrar a los diferentes actores en la formulación de la ley, la definición de las políticas públicas y medidas adecuadas para la prevención de los embarazos en niñas y adolescentes.
A pesar que el veto de la presidenta fue enviado al Legislativo nueve días después de su aprobación, el anunció se dio a más de cuatro meses después, por lo que desde la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir (EDD Honduras) surge la suspicacia que se utilizó el veto como una medida para reducir el rechazo por parte de sectores políticos a la sanción de integrar a Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
“El veto fue la moneda de cambio que utilizaron para intercambiar el CAF por esta ley de prevención de embarazos adolescentes, eso significa que los sectores políticos siguen jugando con el pueblo”, dijo Ana Ruth García, representante de EDD Honduras.
Sin embargo, la diputada de Libre Shirley Arriaga, quien presentó el polémico proyecto al Legislativo, niega que la estrategia sea una jugada política por parte de la mandataria.
“Entendemos perfectamente la decisión de la presidenta, si escuchó un sector que estaba inconforme es comprensible que quiera llegar a un acuerdo”, dijo.
Arriaga dijo que desde el Congreso trabajarán para crear una nueva ley que involucre a todos los sectores involucrados y cumpla con las necesidades de reducir la problemática de embarazos en adolescentes.
Por su parte, las representantes de las organizaciones de mujeres fueron enfáticas y manifestaron que la decisión de la mandataria Castro es bastante penosa y es un indicador que les esta fallando a las mujeres.
