Tegucigalpa, Honduras.
El fiscal general del Ministerio Público, Joel Zelaya, informó este viernes a través de sus redes sociales que su despacho recibió el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) relacionado con el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), expediente que investiga posibles irregularidades en la gestión de fondos y programas sociales de dicha institución.
Según el X publicado por el fiscal, el TSC recomendó evaluar detalladamente el contenido del informe, lo que permitirá fortalecer y orientar las investigaciones ya en curso. En respuesta, Zelaya instruyó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) para que analice de manera inmediata el documento y lo incorpore a los procesos investigativos que se han venido desarrollando.
He recibido en mi despacho el informe de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre el caso SEDESOL, en el que dicho ente recomienda evaluar su contenido. He instruido a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) para que de...
— Johel Antonio Zelaya Alvarez (@johelzelaya) September 5, 2025
A raíz de este mismo escándalo, la presidenta Xiomara Castro ordenó previamente una investigación formal, solicitando un informe en 72 horas a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
El ministro de Transparencia, Sergio Coello, afirmó posteriormente que en la documentación presentada por Sedesol se identificaron "deficiencias relevantes" en los procesos administrativos y financieros, incluyendo fallas en la emisión de cheques, debilidades en los controles internos y vacíos en la liquidación de los fondos asignados.
Hasta la fecha, pese a que desde el 24 de junio se ordenó una investigación de oficio por parte de la Fiscalía General, no se han emitido citaciones formales ni ha tomado declaraciones a la diputada Isis Carolina Cuéllar ni al exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción dentro de la institución.
A pesar de las evidencias presentadas en un vídeo filtrado que muestra a ambos funcionarios coordinando la entrega de cheques presuntamente destinados a fines electorales, el Ministerio Público no ha avanzado en este aspecto del caso.
Una de las figuras centrales en este escándalo es la diputada Isis Cuéllar, del Partido Libre, quien, según investigaciones, habría gestionado ayudas sociales a favor de personas cercanas a ella, incluyendo familiares y colaboradores.
De acuerdo con reportes, gestiones de Cuéllar presentan anomalías, como duplicidades en las cotizaciones para viviendas y solicitudes dirigidas a emprendimientos con documentos reciclados.
Además, se ha documentado que Cuéllar tramitó ayudas para su asistente y excuñada, ambas con contratos con el Estado, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso indebido de recursos públicos.
El escándalo, desde su estallido el 23 de junio pasado, provocó reacciones tanto dentro como fuera del Congreso Nacional. El Partido Libertad y Refundación anunció su suspensión de cargos dentro de la estructura partidaria tras conocerse las irregularidades; sin embargo, Cuéllar continúa desempeñando funciones como diputada en su departamento, percibiendo salario y otros beneficios, lo que ha generado críticas de sectores políticos que exigen su destitución.
La controversia comenzó con la filtración de un vídeo en el que se observa una conversación telefónica entre el entonces ministro José Carlos Cardona y la diputada Isis Cuéllar. En la grabación, ambos discuten el uso de fondos públicos para financiar actividades políticas en el departamento de Copán.
Tras la difusión del video, José Carlos Cardona presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Sedesol el 27 de junio de 2025. La ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, confirmó la aceptación de la dimisión por parte de la presidenta Xiomara Castro y el Consejo de Ministros.
Cardona aseguró que su salida buscaba evitar que el escándalo entorpeciera las investigaciones en curso, pero defendió su gestión, argumentando que las asignaciones de fondos se realizaron conforme a la ley y sin fines políticos.
