El juicio oral y público en contra Marco Bográn y Alex Moraes por la compra de los hospitales móviles, acusados de dos delitos de fraude y dos de violación a los deberes de los funcionarios, finalizó ayer.
Ahora se encuentra en la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Marco Bográn y será hasta que la Sala de lo Constitucional resuelva que se conocerá la sentencia, ya se esta absolutoria o condenatoria.
En el ocaso del juicio contra los exfuncionarios de Invest-H, Marco Bográn tomó el uso de la palabra e hizo varios pedidos al Tribunal, al tiempo que insistió en su inocencia de las acusaciones.
“Cómo voy a venir yo a defraudar al Estado y arriesgar la vida de mi padre y la vida de mi madre que es diabética. Solo vean que más de 10,000 cirugías se han hecho en uno de los hospitales que se compraron y si mi madre ocupara una operación, yo mismo la llevo al hospital móvil. Si somos trasladados del Batallón a una cárcel de alta peligrosidad, nosotros estaremos sujetos a perder la vida, por eso pido que las personas que están en el módulo nuestro ahora mismo en el Batallón permanezcan en Támara junto a nosotros por seguridad personal”, solicitó.
El exdirector de Invest-H testificó que él y más funcionarios de la cuestionada entidad arriesgaron sus vidas durante la pandemia, además de considerar que el Gobierno pasado lo inculpó y lo dejó solo.
“Todo el público nos ha difamado y esa fue la estrategia gubernamental que tomó el gobierno anterior, encausando a servidores judiciales que solo hicieron su trabajo. Adquirimos covid-19 porque andábamos en la calle mientras la población estaba en cuarentena. Fuimos prejuzgados porque en la audiencia inicial la jueza dijo que nos dictaba auto de formal procesamiento en nombre de todas las personas que perdieron la vida”.
Bográn cerró con que la Secretaría de Salud fue la que pidió comprar los hospitales y el Consejo de Ministros estaba enterado de ello.
Con 74 medios probatorios, 62 documentales, dos evidencias, ocho periciales y dos testigos, el Ministerio Público solicitó un fallo condenatorio, mientras la defensa solicitó un fallo absolutorio.
El monto total pagado por los sanatorios móviles fue de 47,462,500 dólares.
