El Juzgado contra la Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción ordenó la detención judicial de Liana María Mayorga Castillo, señalada por fraude relacionado con la Tasa de Seguridad Poblacional y por el delito de lavado de activos.
Liana Mayorga, gerente de la empresa Plasticards S.A., fue imputada por el Ministerio Público por supuestamente orquestar un fraude superior a 18.5 millones de lempiras mediante la compra de tarjetas de PVC para la emisión de licencias de conducir a través de la Secretaría de Seguridad.
Por esta misma causa también está acusado Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
De acuerdo con la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), Mayorga y Molina habrían defraudado al Estado hondureño por un monto total de 18,547,200 lempiras.
La UF-ADPOL informó que en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó un contrato a Plasticards S.A. para la emisión de 480,000 tarjetas, pese a que la compañía apenas tenía dos meses de haberse constituido legalmente. Además, la Fiscalía señaló que únicamente se entregaron 258,000 tarjetas.
Las investigaciones establecen que el 22 de enero de 2022 la Secretaría de Seguridad pagó más de 18.5 millones de lempiras a Plasticards S.A. Tres días después, Mayorga transfirió 17 millones de lempiras a la empresa MyM S. de R.L., de la cual es socio propietario Juan Ramón Molina Rodríguez.
La UF-ADPOL también reveló que las tarjetas fueron suministradas por la compañía Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos, a pesar de que en el contrato se establecía que Plasticards S.A. sería la responsable. La empresa de Molina Rodríguez fue la encargada de importar los productos.
Aseguran, según las investigaciones, que los imputados utilizaron fachadas de empresas extranjeras y los sistemas financieros de Francia y Estados Unidos para lavar los fondos provenientes del erario público.
Mayorga Castillo será remitida a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Su audiencia inicial quedó programada para el jueves 21 de agosto a las 9:00 am.
