El exdirector del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, conocido como la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina Rodríguez, enfrenta sentencia en Estados Unidos tras declararse culpable de fraude y lavado de activos.
Molina fue arrestado en Houston, Texas, el 19 de octubre de 2023, y posteriormente trasladado a Miami, donde el 22 de julio de 2024 se celebró la lectura formal de cargos. En esa audiencia, el acusado renunció a la acusación y aceptó su responsabilidad penal.
La jueza estadounidense Melissa Damian recibió la declaración de culpabilidad y fijó la audiencia de sentencia, la cual ha sido aplazada en varias ocasiones: primero en diciembre de 2024, luego en febrero y junio de 2025. Finalmente, el nuevo calendario establece que la condena será leída el 29 de septiembre de 2025, a las 10:00 a.m. en Miami.
El exfuncionario permanece en libertad bajo una fianza de 2.7 millones de dólares (más de 70.6 millones de lempiras), respaldada por tres garantes y un pago adicional de 250,000 dólares.
El tribunal advirtió que, en caso de que la sentencia incluya prisión, Molina será puesto bajo custodia inmediatamente después de la audiencia, salvo que el gobierno estadounidense respalde un período de entrega diferida por colaboración activa.
MP presenta requerimiento fiscal y asegura bienes a excoordinador de la Tasa de Seguridad y su socia, por supuestamente defraudar al pueblo hondureño con el suministro de tarjetas para licencias de conducir pic.twitter.com/Y7ct4hAoGP
— Ministerio Público (@MP_Honduras) August 18, 2025
Acusado de recibir sobornos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Juan Ramón Molina de haber recibido sobornos y participar en un esquema internacional de lavado de dinero entre 2015 y 2019.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Molina habría recibido al menos 114,000 dólares en sobornos de parte de ejecutivos de una empresa con sede en Georgia, Estados Unidos dedicada a la fabricación de uniformes policiales.
A cambio, habría facilitado contratos millonarios para la provisión de uniformes a la Policía Nacional de Honduras.
La investigación, liderada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), detalla que la red inclusión a intermediarios en Florida, empresas ficticias en Belice y cuentas bancarias en Estados Unidos.
Con estas maniobras, los involucrados ocultaron pagos ilícitos relacionados con contratos que superaron los 10 millones de dólares.
Contratos
De acuerdo a las investigaciones, el proceso funcionaba de la siguiente manera: "El Tasón", a través de contratos firmados por Molina, adjudicaba compras de uniformes a una empresa de Georgia identificada como "Company 1".
En seguida, el Banco Central de Honduras transfirió millones de dólares a la empresa estadounidense como pago por los contratos.
“Parte de fondos esos eran desviados hacia empresas fachada controladas por Intermediario 1 en Florida, bajo la apariencia de contratos de asesoría”, subraya la investigación.
Después, el dinero era reenviado a cuentas offshore en Belice, entre ellas la denominada Offshore Front Company, bajo control de Molina.
Bajo sospecha
El caso identifica dos contratos clave.
El primer contrato fue valorado en 4.8 millones de dólares, firmado el 25 de junio de 2015 y rubricado por Juan Ramón Molina en representación de la Tasa de Seguridad.
Según las pesquisas, se pactó entregar un soborno equivalente al 20% del monto total a funcionarios hondureños.
El segundo contrato fue firmado el 26 de octubre de 2016 y valorado en más de 5.6 millones de dólares.
De este contrato provienen las transferencias de 114 mil dólares recibidas por Molina en una cuenta beliceña.
En total, Georgia Company 1 recibió de Honduras más de 10 millones de dólares entre 2015 y 2017.
Las grabaciones que comprometen a Molina
Uno de los elementos más comprometedores de la acusación son tres grabaciones de audio fechadas en octubre de 2019, en las que ejecutivos estadounidenses discuten el mecanismo de sobornos para un nuevo contrato de 7.5 millones de dólares que buscaban adjudicarse con la Tasa de Seguridad.
En las conversaciones, los participantes hablan de la “cascada” o “comisión” que debían pagar, mencionan explícitamente a “Juan Ramón” y detallan cómo se repartiría el 20% del contrato entre funcionarios hondureños.
En una de las grabaciones, un ejecutivo asegura: “Ayer habló con un funcionario oficial y Juan Ramón estaba ahí... lo de la cascada está arreglado, serán alrededor del 20%”.
Estas pruebas, obtenidas durante una investigación paralela por corrupción en Bolivia, fueron incorporadas al expediente de Molina.
El hondureño enfrenta una pena máxima de diez años de prisión.
