Las elecciones primarias de las tres fuerzas políticas, Partido Liberal, Nacional y Libertad y Refundación (Libre) en el litoral Atlántico, estuvieron marcadas no solo por el atraso en la apertura de las urnas, sino también por denuncias de delitos electorales.
La Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público registró diversas incidencias en los departamentos de Atlántida, Islas de la Bahía y Colón, que están siendo investigadas para presentar requerimientos fiscales. Aunque en algunos de los casos ya hay personas imputadas.
Se recibió una denuncia a través del “call center” sobre un supuesto delito electoral de coacción, cometido en el municipio de La Masica, Atlántida. Ante esta situación, se giraron instrucciones y se desplazó personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para realizar las averiguaciones correspondientes.
“En La Masica una madre le agarró el voto a su hija, se lo destruyó y se lo llevó, se interpuso la denuncia a través de la línea telefónica 107 y 108 que habilitó el Ministerio Público. Un equipo de la DPI investigó en el sitio y ya se tienen las averiguaciones que fueron enviadas a Tegucigalpa”, informó Selvin Fernández Pineda, portavoz de la Fiscalía regional del litoral Atlántico.
En otro hecho, que ocurrió en el municipio José Santos Guardiola de Islas de la Bahía, una persona anónima informó a través de una comunicación telefónica, que desde el centro logístico municipal, se reportó la destrucción del acta de cierre de la urna 5,504.
En respuesta a este incidente, se envió un equipo especializado para constatar la información y evaluar las acciones a seguir. “Se reportó una urna que llegó rota o fue rota, se desconoce aún porque está en investigación por parte de un equipo de la Dirección Policial de Investigación, para ver si hay delito”, recalcó Fernández.
Requerimiento fiscal para dos personas
Otra de las denuncias de delitos electorales se registró en la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón. La Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra Margie Lizeth Gómez Sánchez y Joel Eduardo Martínez Martínez, ambos imputados por otros delitos electorales, como lo establece el código de la Constitución de la República.
“Esto fue previo a las elecciones internas, pero tuvo que ver con las mismas. Lo que la fiscal hizo fue recopilar la información y trasladarla al Consejo Nacional Electoral en Tegucigalpa. Se insta a la ciudadanía a continuar reportando cualquier irregularidad a través de los canales oficiales.”, puntualizó Fernández.
La Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público funciona adscrita a la Dirección General de Fiscalías para atender lo concerniente a las denuncias sobre delitos electorales, bajo la coordinación desde Tegucigalpa. Esta Unidad se pone en funciones cuando se llevan a cabo los procesos electorales en nuestro país.
Delitos electorales penados por la ley en Honduras
Entre los delitos electorales comunes están la coacción o amenaza electoral, que se comete cuando una persona impide a otra ejercer su derecho al voto.
Obstaculizar la instalación de los centros de votación, impedir la apertura de las urnas, interrumpir la jornada electoral o el traslado de las urnas a los centros de votación.
Asimismo, restringir el ejercicio de las funciones de los Miembros de las Juntas Receptoras de Votos, o que dificulten o alteren la propaganda electoral. Alterar, destruir u ocultar documentos oficiales emitidos por el CNE.
Crear documentos falsos similares a los originales. Manipular la información contenida en documentos electorales para inducir a error. Los responsables de estos actos pueden enfrentar penas de cuatro a seis años de cárcel.
Además, la falsificación de documentos electorales, está sancionado en el artículo 456 del Código Penal, con penas de cuatro a ocho años de prisión.
