San Pedro Sula, Honduras
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, aseguró en la inauguración de las elecciones primarias que hay miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV), anteriormente conocidas como Mesas Electorales, guardando prisión por delitos electorales tras los comicios de 2021.
“Existen miembros de Juntas receptoras de votos de las elecciones generales de 2021 que guardan prisión por haber cometido fraude”, aseguró en la conferencia de prensa inicial en el inicio de las elecciones primarias 2025. (Puede ver las declaraciones de Ochoa desde el minuto 2:50 del siguiente video).
Es verdadero. Hay miembros de las JRV condenados a prisión por delito de falsificación de documentos electorales, de acuerdo a registros del Ministerio Público (MP).
Este domingo 9 de marzo iniciaron las elecciones primarias en Honduras, en las que el Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre) definirán sus candidatos en el nivel presidencial, diputados, alcaldes y autoridades (en el caso de Libre y Liberal).
Registro lo avala
El primer registro data del 7 de marzo de 2022, cuando una mujer identificada como Orestes Rocío Casulá Vázquez, quien se desempeñaba como secretaria propietaria de una JRV en Tegucigalpa, fue condenada a 3 años de prisión y 225 días de multa por falsificación de documentos electorales tras las elecciones generales en 2021.
Otro de los condenados a prisión fue Norman Dionisio Rivas Sierra, representante del Partido Liberal y escrutador de una JRV de Tegucigalpa, que fue sentenciado a 4 años de cárcel y 300 días de multa por alterar actas de cierre en los comicios de 2021.
A Rivas Sierra se le responsabilizó de alterar un acta de cierre en la cual, junto a la secretaria de la mesa electoral, le restaron 12 votos a la casilla 257 pertenecientes a la diputada Sobeyda Andino del Partido Liberal, y 21 votos a la casilla 278 correspondientes a Ebal Díaz del Partido Nacional, de acuerdo al Ministerio Público.
El MP informó que durante las elecciones generales de 2021 se recibieron denuncias por delitos electorales, incluyendo casos de usurpación de personalidad y falsificación de documentos electorales, pero a otros miembros se les dictó medidas sustitutivas, es decir, que no fueron a prisión.
Los delitos electorales en Honduras, como la coacción, la falsificación de documentos o la alteración de resultados, están tipificados en el Código Penal (artículos 542 al 547) y en la Ley Electoral, con penas que van de 4 a 8 años de prisión, e incluso hasta 10 años en casos como la suplantación de identidad por extranjeros.
Expertos dijeron a LA PRENSA Verifica que los delitos mencionados pueden entenderse como fraude.
En conclusión, sí hay personas que fueron enviadas a prisión por falsificación de documentos y alteración de actas de cierre durante las elecciones generales de 2021 en Honduras, como aseguró Marlon Ochoa.
