Honduras está a las puertas de aplicar un mecanismo contemplado en la Constitución de la República. El procedimiento, definido en la normativa vigente, marcaría un precedente histórico en el país al activar un recurso que nunca antes se había puesto en práctica.
La figura del juicio político surgió en 2012 como una recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tras investigar la crisis política de 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya fue derrocado por intentar realizar una consulta popular declarada ilegal.
Este mecanismo de separación cobró relevancia en medio de cuestionamientos sobre posibles acciones que atenten contra la institucionalidad democrática desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) y otras instituciones.
Más allá de las motivaciones políticas del proceso, se requiere una mayoría calificada de 86 votos favorables en el Congreso Nacional, órgano responsable de llevar a cabo el juicio político.
El escenario cambia cuando se busca aplicar esta figura al presidente de la República, para lo cual se requiere el respaldo de las tres cuartas partes de los congresistas, es decir, 96 votos.
El artículo 234 de la Constitución establece que “procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño de su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional”.
Bajo el decreto 51-2013 se encuentra vigente la Ley Especial de Juicio Político; sin embargo, no existe antecedente en el país de que un funcionario haya sido sometido a este mecanismo.
El juicio político se desarrolla en dos etapas: una de investigación y defensa, con una duración de hasta 30 días calendario, y una fase de discusión y votación, que se extiende por cinco días a partir de la presentación del informe al pleno por parte de la Comisión Especial.
¿A quiénes someterían a juicio político?
Cuatro servidores públicos podrían enfrentar un juicio político por presuntas actuaciones antidemocráticas, según analistas.
Marlon Ochoa, consejero del CNE, podría convertirse en el primer funcionario en ser sometido a este procedimiento, no solo por cuestionamientos en el desempeño de su cargo, sino también por supuestas actuaciones en perjuicio de la Constitución y del interés nacional.
Entre los señalamientos figuran retrasos en el marco de los pasados comicios generales, disputas con autoridades del órgano electoral y presuntas acciones que habrían afectado el proceso democrático de noviembre de 2025. Estos argumentos han sido expuestos por sectores oficialistas y organizaciones de la sociedad civil que impulsan la aplicación del juicio político.
La plataforma Defensores de Honduras por la Democracia ha exhortado al Congreso Nacional a activar este mecanismo para los servidores públicos que, según señalan, “con sus acciones u omisiones vulneraron el ordenamiento jurídico, entorpecieron los procesos electorales y colaboraron de forma directa o indirecta con el intento fallido de la administración anterior de perpetuarse en el poder más allá del período legalmente establecido”.
Señalamientos similares también han sido dirigidos contra Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Johel Zelaya, fiscal general de la República.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos consideró que también se debió requerir penalmente a Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, y a Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, ya que contra ellos no procedería un juicio político.
Diputado confirma los 86 votos
El diputado nacionalista Kilvett Bertrand reveló que, tras semanas de intensos diálogos entre las bancadas opositoras y sectores de la sociedad civil, ya cuentan con el respaldo numérico necesario para presentar la solicitud formal en el pleno.
“Ya se tienen los 86 votos. A diferencia de otros momentos, hoy siento un ambiente decisivo y definitorio en el Congreso Nacional. Esto se ha construido paso a paso, con diálogos dentro de las bancadas y con dirigentes”, aseguró Bertrand, aunque aclaró que la fecha exacta para introducir la moción aún está bajo análisis estratégico.
Por su parte, Antonio Rivera Callejas, diputado, manifestó que “el lunes (hoy) fuimos convocados a sesión; todavía no se sabe si va a haber o no juicio político, depende del número de votos y creo que sí se va a lograr. Esto no es revanchismo, no es por ideologías, no es venganza, es simple y llanamente sentar un precedente en nuestro país para que no vuelva a suceder”.
El expresidente Manuel Zelaya Rosales cuestionó en la red social X que, mediante un juicio político, el Partido Nacional intenta condenar a Marlon Ochoa, a quien calificó como el “único testigo presencial del fraude del Trep”.
Carlos Cano, jefe de la bancada del Partido Nacional, respondió que lo que Mel Zelaya pretende es “convertir un tema institucional en un tema político”.
