Mientras avanza el proceso de juicio político contra Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Mario Morazán, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), el foco comienza a desplazarse hacia lo que vendría después: quiénes ocuparían esos cargos en caso de una eventual destitución.
El movimiento no es menor. La salida de Ochoa implicaría que el partido Libertad y Refundación (Libre) pierda su representación en el pleno del CNE, un espacio clave dentro del engranaje electoral del país que ha sido estratégico para esa fuerza política en los últimos años.
Aunque oficialmente no hay nominaciones confirmadas, desde el 9 de abril, cuando se presentó la denuncia ante el pleno del Congreso Nacional, han comenzado a circular nombres de posibles sustitutos.
Entre las opciones destacan figuras con trayectoria política y experiencia en el ámbito electoral, incluso algunas ajenas a Libre.
Experiencia parlamentaria
Uno de los perfiles que más se menciona para llegar al CNE es el de la abogada y exdiputada Fátima Mena. Su trayectoria política inició en 2013, cuando fue electa diputada por el Partido Anticorrupción (PAC) para el período 2014-2018 en representación de Cortés.
Posteriormente, ocupó una curul entre 2022 y 2026 por el Partido Salvador de Honduras (PSH). A nivel municipal, se desempeñó como regidora de la Alcaldía de San Pedro Sula entre 2018 y 2022.
En el ámbito profesional, acumuló experiencia en el Poder Judicial entre 2002 y 2018, y cuenta con una maestría en Administración de Justicia.
Actualmente funge como asesora legal de la bancada del Partido Liberal, rol desde el cual ha retomado visibilidad en medio de las versiones sobre una posible reconfiguración del CNE.
Aunque su nombre figura entre los considerados, ni el Partido Liberal ni el Partido Nacional han oficializado una propuesta.
Conocedora del sistema electoral
Para el caso del TJE, uno de los nombres que ha cobrado fuerza es el de Karen Yohana Guandique Estrada. Abogada de profesión, cuenta con experiencia directa en ese organismo, donde se desempeñó como magistrada suplente entre 2019 y 2024.
Guandique dejó el cargo para aspirar a una diputación por el Partido Demócrata Cristiano (PDCH) en Francisco Morazán en las elecciones del 30 de noviembre de 2025, sin lograr un escaño, aunque se posicionó entre las candidatas más votadas de su partido.
Su trayectoria también incluye su paso por el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde participó en los procesos de 2008, 2012 y 2013 como capacitadora de miembros de Mesas Electorales Receptoras. Posee una maestría en Estudios Políticos Aplicados y una especialidad en gestión de recursos humanos en salud.
Su conocimiento técnico del sistema electoral y su cercanía con estructuras políticas podrían influir en una eventual designación para sustituir a Morazán Aguilera.
Se activa el proceso
Desde el Congreso Nacional, el presidente Tomás Zambrano defendió el proceso al asegurar que “esto no es persecución ni venganza, sino un control constitucional sobre funcionarios que han actuado más allá de lo que establece la ley”.
Consultada una fuente del Poder Legislativo sobre la posibilidad de que el cargo de Ochoa permanezca en manos de Libre, la respuesta fue tajante: “No creo que se lo demos a Libre”, lo que anticipa una posible disputa política por ese espacio.
Como parte del proceso, la comisión especial de juicio político citó para el lunes 13 de abril a los funcionarios señalados. Marlon Ochoa deberá comparecer a las 9:00 de la mañana, seguido por el magistrado del TJE, Mario Morazán Aguilera, a las 11:00.
Ese mismo día también fueron convocados los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé, a la 1:00 de la tarde, y Gabriel Gutiérrez Peralta, a las 3:00.
En el caso de Ochoa, la denuncia señala presuntos retrasos en el cronograma electoral, conflictos internos dentro del CNE y decisiones que, según los denunciantes, habrían afectado el desarrollo del proceso democrático.
También se le atribuye haber bloqueado la declaratoria de resultados y contribuir a la deslegitimación del proceso mediante denuncias de fraude. Respecto a Morazán Aguilera y a los magistrados del TJE, los señalamientos apuntan a una supuesta obstrucción de funciones dentro del organismo, lo que habría impedido resolver recursos en tiempo y forma.
Las comparecencias forman parte de la etapa de investigación de la comisión especial, que posteriormente deberá rendir un informe al pleno del Congreso Nacional, donde se definirá si procede o no la destitución y, en consecuencia, la reconfiguración de los órganos electorales.
