Los acercamientos de altos funcionarios del Gobierno de Honduras con Venezuela, en especial por iniciativas como AgroAlba, podrían acarrear consecuencias diplomáticas con países aliados, advirtió Graco Pérez, experto en temas internacionales.
“Eso va a traer más problemas de los que ya tenemos, porque eso significa un acercamiento, una relación cercana con un país gobernado por un dictador —Nicolás Maduro— que es cuestionado. Entonces eso genera problemas con los aliados importantes de Honduras como Estados Unidos”, aseguró.
Laura Suazo, ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), junto con Kaina Alvarado, titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), y otros funcionarios recibieron propuestas para explotar recursos marinos hondureños y participar en las iniciativas que Venezuela impulsa bajo el programa AgroAlba, orientado a garantizar la soberanía alimentaria.
Esta situación ha encendido las alarmas entre representantes de organizaciones pesqueras y pueblos indígenas de Gracias a Dios, quienes afirman que Honduras ya forma parte de los acuerdos firmados durante el evento. No obstante, las autoridades de la SAG aseguraron que su delegación participó únicamente como observadora y que “Honduras no es parte de los beneficios” de AgroAlba.
Recalcó que la participación fue “exclusivamente con fines informativos y de análisis técnico”.
En el acta final de la primera Expoferia AgroAlba 2025 se incluyeron varios puntos de interés, entre ellos la conformación de una flota pesquera conjunta como mecanismo para dinamizar y fortalecer las relaciones económicas, solidarias y complementarias entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba-TCP).
También se propuso la creación de un bloque Alba-TCP para integrar esfuerzos en pesca y acuicultura a nivel regional y en foros intergubernamentales.
Además, se planteó el diseño de un marco común para el aprovechamiento de los recursos pesqueros compartidos entre los miembros del Alba-TCP, así como la inclusión del sector pesquero acuícola en el consejo social del organismo y su incorporación al consejo de movimientos sociales.
La información es confusa
Mirna Wood, vicepresidenta de la organización misquita Masta, sostuvo que “si escucha el acta, todos los integrantes del Alba firmaron los acuerdos para hacer un bloque conjunto para explotación —de los bancos pesqueros—, lo que pasa es que ahorita los de la SAG están asustados por la reacción que hemos tenido”.
Pérez declaró que, hasta el momento, la información es confusa. Sin embargo, advirtió que si Honduras no ha firmado el acuerdo, no debería hacerlo. “Es incorrecto, debido a que no hay información clara de qué es lo que está ocurriendo”.
Además, cuestionó: “¿Por qué se debería firmar un convenio marítimo con Venezuela, si Honduras no tiene fronteras con este país? Con quien debe trabajar Honduras es con Colombia, Jamaica y Nicaragua, que es con quien comparte límites en el Caribe”, aseguró.
El experto advirtió que, de confirmarse que Honduras está cediendo derechos sobre su riqueza pesquera o agrícola a Venezuela, “sería una situación de violación de los derechos, a razón de por qué se tendrían que otorgar a los países del Alba o a Venezuela técnicamente parte de las riquezas”.
Consideró que la participación de funcionarios hondureños en este tipo de eventos demuestra el interés del Gobierno en integrarse a estos programas. Recordó que ya existen antecedentes de adhesión a organismos internacionales sin autorización legislativa, como fue el caso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Advirtió que, si Honduras ingresa al programa AgroAlba de forma inconsulta e ilegal, eso también implicaría consecuencias. “Cualquier tratado debe ser aprobado por el Congreso Nacional y, con justa razón, si implica poner en riesgo la soberanía del país”.
Posible violación de derechos
Erika Urtecho, diputada de Gracias a Dios, exigió al Gobierno aclarar con responsabilidad la noticia sobre la comitiva de la SAG que viajó a Venezuela entre el 5 y 6 de junio para participar en la Expoferia AgroAlba 2025.
Recordó que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que toda medida administrativa o proyecto que pueda afectar los recursos naturales de los pueblos indígenas debe ser sometido a una consulta libre, previa e informada, priorizando el derecho de estas comunidades a participar en la gestión y protección de sus territorios.
“Ignorar estas obligaciones constituye una violación de derechos reconocidos a nivel internacional”, posteó en su cuenta de X la congresista.
