Luego de que la Procuraduría General de la República presentara una acción de hábeas corpus (exhibición personal) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López-Osorio, por el desconocimiento de su paradero, la misma fue admitida.
“Admítase el presente recurso de exhibición personal a favor de las ciudadanas Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López Osorio”, señala la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional.
Como parte del procedimiento, la Corte designó a la abogada Blanca Saraí Izaguirre Lozano, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), como jueza ejecutora del recurso de hábeas corpus, tomando en cuenta la investidura de altas funcionarias del Estado que ostentan las consejeras del CNE.
Antes de que se admitiera el hábeas corpus, las consejeras, mediante una reunión virtual, expresaron que no se encuentran retenidas en ninguna embajada, en relación con las declaraciones del consejero Marlon Ochoa.
“Estamos en vivo y en entero ejercicio de nuestra libertad en esta comparecencia de prensa, agradeciendo, por supuesto, siempre el acompañamiento y la atención en procura, por supuesto, del proceso electoral hondureño. Las suscritas Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio, consejeras del Consejo Nacional Electoral, comparecemos ante el pueblo hondureño en vivo, ante la comunidad internacional y ante ustedes, medios de comunicación, con el propósito de manifestar de manera clara, directa y de manera muy responsable lo siguiente”, empezó explicando López.
Luego agregó: “Nos encontramos bien, tanto en nuestra integridad física como en nuestra integridad psíquica y emocional. Estamos trabajando arduamente en pro del avance del proceso electoral y realizar la declaratoria de elecciones en el tiempo que la ley establece”.
Por su parte, el recurso de la PGR fue presentado el 21 de diciembre de 2025, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales del Procurador General, con el objetivo de que el órgano jurisdiccional competente “verifique de manera inmediata y directa la situación personal de las consejeras mencionadas”, a fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
La PGR señaló que esta medida busca resguardar los derechos a la “libertad, integridad y vida, que la Constitución reconoce como fines supremos de la sociedad y del Estado”, ante la incertidumbre existente sobre el paradero y las condiciones en las que ejercen sus funciones las consejeras del CNE.
