El proceso para declarar como “terroristas” a las maras y pandillas en Honduras no depende únicamente de voluntad política, sino de un complejo proceso jurídico orientado a actualizar leyes con más de 25 años de rezago en el país.
Expertos en derecho penal advierten que el éxito de estas reformas no radica solo en endurecer las penas, sino en fortalecer la investigación criminal, clave para debilitar de forma efectiva a las estructuras delictivas.
El eje central de la propuesta es elevar la categoría de estos grupos, pasando del delito de asociación ilícita a la figura de asociación terrorista, contemplada en el artículo 587 del Código Penal vigente.
“El único concepto de maras y pandillas está en la Ley de Convivencia Ciudadana del año 2000. No existe otra definición en la normativa actual”, explicó el abogado penalista Hermes Ramírez, quien considera que la reforma busca fortalecer la política criminal del Estado desde la etapa de investigación policial.
Uno de los cambios más relevantes apunta a castigar la “infidencia” dentro del entorno cercano de las víctimas. La iniciativa pretende sancionar a quienes revelan información patrimonial o familiar que luego es utilizada para el cobro de extorsiones, un vacío legal que ha favorecido la impunidad de colaboradores del crimen organizado.
“La reforma al artículo 272 sobre revelación de secretos es clave, porque mucha información sensible termina en manos de estructuras criminales”, detalló Ramírez. Según el experto, la legislación actual es demasiado amplia y no permite delimitar con precisión la participación de estos informantes.
Endurecimiento de penas
Otro de los puntos importantes es evitar la revictimización durante el proceso judicial. La propuesta busca limitar la repetición de testimonios de las víctimas, una debilidad histórica del sistema penal hondureño.
“Se pretende evitar que la víctima declare más de siete veces en un proceso penal, algo que arrastramos desde hace más de dos décadas”, indicó.
Sin embargo, el endurecimiento de penas genera dudas entre otros especialistas, quienes advierten que la ley por sí sola no reduce la criminalidad si no va acompañada de investigaciones sólidas, inteligencia y evidencia científica.
El temor es que las reformas se conviertan en “letra muerta” si no se fortalecen los mecanismos de investigación. “Podemos tener buenas leyes, pero sin inteligencia, manejo de fuentes, testigos y pruebas científicas, no habrá resultados”, señaló el abogado criminalista Wilfredo Rubio.
El jurista recordó que en el pasado se han aprobado normas que terminaron siendo ineficaces por falta de sustento investigativo. Además, cuestionó si el objetivo es desarticular las estructuras criminales o simplemente aumentar la población carcelaria.
“El sistema penitenciario ya opera al límite. No se trata de criminalizar todo; un privado de libertad puede costarle al Estado hasta 1,000 lempiras diarios”, advirtió.
La extorsión sigue siendo uno de los principales problemas en el país. Es considerada un “cáncer” que genera más de 20 delitos conexos y que ha frenado la capacidad de emprendimiento de miles de hondureños.
Para los expertos, no basta con capturar cabecillas. El decomiso de bienes y el rastreo de la estructura financiera de las maras debe ser tan prioritario como las detenciones bajo la nueva figura de terrorismo.
