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En El Progreso, quedarse dejó de ser una opción. O se huye de las inundaciones o de la violencia.
En los antiguos campos bananeros, las comunidades ya no solo temen a los ríos: también viven bajo el asedio de grupos criminales que, con extorsiones, asesinatos e invasiones de tierras, han impuesto un clima de terror.
Los habitantes sufren una terrible ola de delincuencia desde el año pasado, pero desde febrero de 2026 la situación se volvió crítica, al punto que la noche del pasado 11 de marzo dos bandas que operan en la zona se enfrentaron a tiros.
El resultado de ese violento enfrentamiento fue el deceso de cuatro jóvenes, aunque el número podría ser mayor, pues los vecinos sospechan que otros integrantes de esas agrupaciones también perdieron la vida en el lugar.
El sangrieto hecho se produjo en La Fragua, una comunidad que durante años se caracterizó por la tranquila. Sus pobladores trabajan en las fincas de palma africana o se desplazan por la zona de Baracoa a trabajar en maquilas.
En El Progreso, el crimen decide quién entra y quién sale. A qué hora y hacia dónde moverse.
“Estamos atemorizados; en las calles grupos de hasta 30 hombres armados paran los vehículos, los registran y nos han limitado a zonas donde tenemos que ir a trabajar a las fincas de palma africana, y de eso vivimos”, afirmó uno de los pobladores bajo condición de anonimato.
El entrevistado agregó que, como la mayoría de las personas se desplaza en motocicleta hacia las fincas, las bandas “nos revisan, nos quitan las pertenencias y hasta revisan los celulares. No podemos hacer nada más que obedecer, porque si no nos matan”.
Testimonios recabados por LA PRENSA Premium, que se desplazó a la comunidad tras la violenta masacre, señalan que en el sector opera la banda de Los Nandones, supuestamente aliada con la Mara Salvatrucha (MS-13). Este grupo criminal mantiene enfrentamientos con la banda de Los Cheles, que anteriormente se encargaba de impedir el ingreso de delincuentes a la zona. Las autoridades investigan si ambas estructuras protagonizaron el enfrentamiento registrado la noche del 11 de marzo.
Los integrantes de estas bandas manejan armas de grueso calibre, así como vehículos y logística para operar en la zona. Además, impiden el acceso incluso a los propietarios de las fincas de palma africana y a representantes de grandes empresas.
Los epicentros de la violencia son La Fragua —escenario de la masacre— y el campo Birichiche, aunque las actividades ilícitas se han extendido desde la aldea 45 hasta Urraco, afectando a todo el sector y a sus miles de habitantes.
Precisamente en esas comunidades se ha reportado, en las últimas semanas, la salida de al menos tres familias obligadas a desalojar sus viviendas y huir tras recibir amenazas. También se maneja, de forma extraoficial, que varias mujeres han sido víctimas de abusos sexuales, además de múltiples asaltos que incluso han afectado a miembros de organizaciones caritativas que brindan ayuda a personas de escasos recursos.
Los líderes comunitarios tampoco escapan de las amenazas. Miembros de los patronatos se han visto obligados a renunciar a sus cargos, mientras que otros han decidido retirarse por temor. Según relatan pobladores, en algunos casos los presionan para firmar cartas de recomendación que luego son presentadas ante jueces a favor de criminales procesados.
Gran parte de la zozobra y la violencia que enfrentan miles de habitantes en los bajos de El Progreso —y también en La Lima— se origina en el conflicto por la tierra. Se trata de cientos de hectáreas de palma africana que han caído bajo el dominio de grupos criminales y que actualmente están en disputa entre estructuras rivales, afirmaron dirigentes comunales a este medio.
Esos pleitos terminaron la noche del miércoles 11 de marzo con el asesinato de cuatros jovenes, identificados como Alex Josué Miranda Amaya (de edad desconocida), Nery José Archila Barahona ( de 19 años) y Martín Santos Vásquez (de 14 años). Una cuarta víctima no ha sido identificada por sus familiares en la morgue de Medicina Forense.
Los jóvenes fueron acribillados a eso de las 6:30 de la tarde cuando un grupo de hombres comenzó un ataque de fusiles. Las víctimas quedaron tendidas en las cercanías de la calle principal del campo La Fragua.
En la escena se contabilizaron unos 180 casquillos amarillos de fusil y 17 casquillos de pistola nueve milímetros, según un reporte policial.
LA PRENSA Premium dialogó con vecinos de la comunidad, quienes relataron los momentos de terror durante el tiroteo que se prolongó por varios minutos. “Estamos muy cerca de donde ocurrió; ya se imagina cómo se escuchaba. Nos tuvimos que tirar al piso y no volvimos a salir”, contó uno de los pobladores.
Los habitantes de La Fragua conocían al menor Santos Vásquez. Según comentaron, era un niño criado en el campo, ya que su padre trabaja jornadas completas en una hacienda. El menor “era lechero y también hacía los mandados de la casa donde trabajaban; era tranquilo y creemos que estaba en la calle cuando ocurrió el tiroteo”.
Por su parte, Archila Barahona laboraba como cortador de palma en la aldea Kilómetro 45, al igual que Miranda Amaya, aunque pobladores descartaron que ambos integraran alguna banda delictiva.
En la escena quedaron cuatro cuerpos. Sin embargo, trascendió otra fotografía en la que aparece otro hombre muerto, vestido con una camisa tipo fatiga militar y con un fusil AK a su lado. En la imagen se observan tres policías, pero sobre ese individuo no existen reportes oficiales.
El conflicto agrario ha desatado una vorágine de violencia en la zona. Desde 2020 se reportan invasiones constantes en el margen derecho del río Ulúa, en los excampos bananeros de El Progreso.
Este fenómeno comenzó en los campos de Amapa, Naranjos Chinos, Buena Vista y Las Flores, pero con el tiempo se extendió al margen izquierdo del río Ulúa, hacia las zonas bajas de La Lima y Choloma, como Timbombo.
Investigaciones policiales sobre la conflictividad en el sector registran frecuentes enfrentamientos entre las bandas de “La Kleivona” y “Los López”. Varios de sus integrantes han sido capturados, aunque sus líderes han logrado recuperar la libertad.
Según agencias de seguridad, estas estructuras criminales están vinculadas con invasiones de tierras, venta de drogas, asaltos y extorsiones que afectan tanto a los pobladores como a pequeños productores de palma y a grandes empresas.
Tras el hecho violento, la Policía Nacional anunció en un comunicado que Urraco Pueblo, así como las comunidades de Timbombo y La Fragua, serían intervenidas con unos 250 agentes.
En un recorrido realizado por LA PRENSA Premium, se observó que al lugar fueron desplegados cerca de cien policías, quienes realizaron patrullajes y establecieron retenes a lo largo de los excampos bananeros hasta llegar a la escena de los crímenes.
“Mire, una patrulla de la Policía había pasado unas horas antes del tiroteo. Eso no nos ayuda, porque los delincuentes buscan la forma de cometer sus fechorías. Lo que tienen que hacer es identificarlos, capturarlos y llevarlos a la cárcel”, dijo uno de los vecinos al observar las siete patrullas que llegaron al sector, encabezadas por policías motorizados y el vehículo blindado Black Mamba.