Plazas fantasma de Casaña deben anularse e investigarse penalmente

Anular las plazas fantasma, abrir una investigación administrativa en la Secretaría de Educación, establecer reparos por el dinero pagado e impulsar una investigación penal en el Ministerio Público (MP). Ese es el camino que, según analistas consultados, debería seguirse tras los beneficios otorgados al diputado de Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña.

LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus evidenciaron en una serie de reportajes cómo el diputado fue beneficiado con una jefatura inexistente dentro de la estructura reglamentaria de Educación en Santa Bárbara. Antes de eso, entre mayo y agosto de 2023, también apareció como docente en ese departamento.

Luego, en la segunda investigación, este rotativo documentó que Casaña figuró como director distrital en Francisco Morazán entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, pese a que no había rastro interno de que ejerciera el cargo.

En conjunto, la serie registró que el diputado de Libre, que se autodefine como un luchador de las causas sociales, recibió pagos por más de 1.2 millones de lempiras por plazas que no trabajó.

Bajo ese panorama, los abogados consultados por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus sostienen que el caso puede seguir tres vías: una administrativa para revisar y anular acuerdos, una civil para recuperar fondos públicos y una penal que, si tiene indicios suficientes, puede desembocar en un proceso judicial.

Para el abogado penalista Francisco Cantarero Pascua, el punto de partida debe ser una revisión interna en la Secretaría de Educación. Primero debe investigarse cómo se emitieron los acuerdos, quiénes los tramitaron y por qué se pagaron salarios por plazas fantasma sin rastro verificable de trabajo.

Ese planteamiento encaja con lo ya documentado por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus. La serie evidenció recibos de pago, plazas registradas a nombre de Casaña y constancia de que el dinero llegó a su cuenta.

Sin embargo, en Santa Bárbara y Francisco Morazán este rotativo no encontró rastro de que ejerciera los cargos por los que cobró. No había registros internos que lo ubicaran en funciones y las personas consultadas dijeron que nunca lo vieron trabajar, aunque dentro de las oficinas todos sabían que esas plazas estaban a su nombre.

Para Cantarero, la segunda ruta es la civil o resarcitoria. Ahí corresponde la intervención del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que puede auditar los pagos, establecer reparos e intentar recuperar el dinero si concluye que hubo perjuicio patrimonial para el Estado.

La tercera ruta es la penal. En esa fase, el ente llamado a investigar es el MP. Si encuentra suficientes indicios y base legal, el caso puede escalar a un proceso judicial. Según Cantarero, con lo ya expuesto se puede analizar si hubo “fraude contra la administración pública” y “malversación de caudales públicos”.

Su postura no se limita a Casaña. Cantarero, catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sostuvo que el deber del ente investigador es identificar a la red de funcionarios que lo benefició con estos nombramientos.

La postura de Francis Ulloa, exasesor de la Secretaría de Educación, se enfoca en el terreno administrativo, pues señaló que estos nombramientos vulneran los concursos, los méritos y la trayectoria de otros docentes que sí han construido una carrera dentro del sistema educativo.

“Si esos acuerdos no fueron sometidos a un proceso de concurso específico, esos acuerdos son nulos y deben de ser cancelados”, sostuvo.

Ese planteamiento encaja con lo ya documentado en las investigaciones realizadas por este equipo. De acuerdo con autoridades consultadas durante los reportajes, no hay registro de que se hayan abierto concursos para esas plazas, como lo define el artículo 2, numeral 16, del Estatuto del Docente, que establece el concurso como mecanismo para optar a una plaza vacante dentro del sistema educativo.

En Santa Bárbara, este rotativo expuso una jefatura fantasma que no existe en la estructura reglamentaria de Educación. En Francisco Morazán, documentó que Casaña figuró como director distrital mientras otro funcionario ejercía el cargo.

Para Ulloa, eso no solo vulneró el Estatuto del Docente, sino que quebró el marco legal que regula los nombramientos en Educación al permitir cargos entregados de dedo, sin concurso y por influencia política.

Sostuvo que la Secretaría debe cancelar los acuerdos, deducir responsabilidades y remitir el caso a las instancias competentes para recuperar el dinero pagado por esas plazas.

Desde el Ministerio Público, a través de su departamento de prensa, señalaron que para abrir una línea de investigación primero deben agotarse las instancias previas mencionadas por los abogados consultados.

“En esos casos primero se agota la vía administrativa de la Secretaría de Educación y luego el TSC”, dijo el jefe del departamento de Comunicaciones, Yuri Mora.

Casaña reaccionó en conferencia de prensa en los bajos del Congreso Nacional a los reportajes publicados por LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus diciendo que no ha cometido ningún delito y que la Constitución lo faculta para mantener distintas plazas. Incluso, afirmó: “Lamento que no se me haya dado el derecho de dar mi versión”.

Sin embargo, esa afirmación choca con lo documentado por este rotativo. Durante la elaboración de las dos investigaciones se intentó comunicar con el diputado por mensajes de WhatsApp y llamadas, pero nunca hubo respuesta.

La defensa de Casaña descansa en el artículo 203 de la Constitución, que permite a los diputados ejercer cargos docentes, culturales y de asistencia social. Sin embargo, la normativa condiciona ese derecho: debe solicitarse una licencia con o sin goce salarial y, si se conserva el pago, debe quedar constancia de que no existe incompatibilidad para ejercer ambos cargos.

“Entonces, un derecho que un luchador social, que un profesor tiene a ejercer su plaza, lo están convirtiendo en un acto abominable, desprestigiando y presentando ante el pueblo hondureño una acción que no hemos cometido”, argumentó.

Además, al intentar desacreditar los hallazgos, aseguró que “para que una plaza pueda existir tiene haber una estructura, no existen cargos fantasma. Yo ostento una asistencia técnica y es un derecho que yo ejercí”.

No obstante, Casaña obtuvo tres plazas en diferentes tiempos. Testigos dijeron que en la dirección distrital no asistió a trabajar, mientras que en la jefatura fantasma en Santa Bárbara el cargo no aparece en el reglamento.

Además, existen dudas sobre cómo se tramitaron esos nombramientos, bajo qué figura se sostuvieron los pagos y por qué, según lo documentado por este medio, no quedó rastro verificable de trabajo en los cargos por los que recibió dinero público.

Este equipo de trabajo conoció que la propia Secretaría de Educación ya abrió una revisión sobre estos cargos, que incluyen a otras personas favorecidas con cargos administrativos y plazas dentro del mismo circuito de influencia política y magisterial que Casaña.

Los dos análisis se complementan. Cantarero colocó el foco en las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Ulloa insistió en la nulidad de acuerdos y en la obligación de depurar el sistema desde adentro.

Casaña, por su parte, no logró desmontar lo expuesto en los reportajes de investigación. No se refirió al dinero que recibió por plazas fantasma, ni aclaró cómo se tramitaron los nombramientos ni por qué no hay documentos que avalen el trabajo. Lo que sí revalidó es que fue beneficiado con una plaza de asistencia técnica, figura prevista para funciones de apoyo técnico y pedagógico, en lugar de impartir clases directamente en el aula.

Y el caso de Casaña no aparece aislado. Este medio ya documentó que, durante la gestión de Daniel Esponda, exfuncionarios, dirigentes magisteriales y hasta diputados fueron beneficiados con asistencias técnicas y otros cargos de alto salario dentro de Educación, varios de ellos aprobados en una misma jornada.