El director del instituto José Trinidad Reyes (JTR), Wilson Mejía, solicitó públicamente al gobierno que realice una auditoría integral a la Secretaría de Educación, tras detectar irregularidades en plazas docentes y de servicio civil que afectan al emblemático centro.
Mejía reveló que desde 2023, el JTR ha identificado que más de 1,300 de sus horas docentes fueron trasladadas a otros centros educativos, y que existen indicios de que muchas de esas horas no hayan sido utilizadas para impartir clases frente a alumnos, sino para mejorar los salarios de algunos funcionarios.
“Cuando asumí, lo primero que pedí fue información detallada a la Dirección Departamental de Educación de Cortés y me la negaron; entonces recurrí a Tegucigalpa y así descubrí que había 1,348 horas prestadas”, dijo.
Explicó que en años anteriores ya se habían prestado horas a otros centros que necesitaban docentes, pero siempre notificaban al JTR. Sin embargo, durante la administración anterior no se les informó sobre los movimientos y se les negó el acceso a la información.
"Queremos que se haga una investigación exhaustiva, ya que no sabemos donde están muchas de esas plazas y esto podría empañar la imagen de una institución tan noble como la nuestra, que dentro de poco cumplirá 100 años formando grandes profesionales", expresó.
Además, contó que esto les afectó el año pasado, ya que una maestra fue diagnosticada con cáncer, por lo que solicitaron un sustituto mientras ella se sometía a cirugía y tratamiento de esta terrible enfermedad, pero no recibieron respuesta de la departamental.
"Fue un proceso difícil para la maestra y también tuvo un impacto para los alumnos, tuvimos que asumir nosotros, cubrir con un docente que trabaja en el área administrativa, pero lo ideal era que nos asignaran a alguien para sustituirla durante ese proceso", lamentó.
El déficit de personal se agravó con la remoción de las ocho plazas de servicio civil, incluyendo una que apareció asignada en Santa Bárbara, pese a que el instituto pertenece al departamento de Cortés.
“Es vergonzoso lo que le hicieron al instituto; nos dejaron sin vigilantes, personal de aseo, médicos y aseadoras, poniendo en vulneración los derechos de la niñez, ya que la mayoría de nuestros alumnos son menores de 18 años”, denunció.
Subrayó que el JTR enfrenta una situación crítica a pocos meses de celebrar su centenario, el próximo 10 de mayo. La escasez de personal ha obligado a la institución, junto con los padres de familia, a cubrir los salarios de los vigilantes. Actualmente, el JTR atiende a más de 3,700 estudiantes en sus tres jornadas y cuenta con seis portones.
Mejía apuntó que la problemática se originó por decisiones del exministro de Educación, Daniel Esponda, quien, aseguró, habría manipulado el concurso para directores y secretarios de 2022 para colocar en a personas afines en las direcciones departamentales.
A su vez, indicó que investigaciones de instituciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han revelado que el exministro se autoasignó salarios superiores a los percibidos por la mayoría de docentes del país.
Detalló que, en total, serían unas 60 plazas las que la administración anterior habría asignado usando las horas del Reyes, sin notificar a la institución, y que estos hallazgos se han sido encontrados a raíz de que el actual gobierno ordenó a los docentes que se presentaran a los centros educativos donde estaban nombrados.
En los últimos días, dijo, han llegado a la dirección del JTR personas con acuerdos de servicio civil que trabajaban en otros departamentos del país, así como docentes que se desempeñaban en otros institutos de San Pedro Sula, sin que el Reyes tuviera conocimiento.
Finalmente, el director insistió en que la Secretaría de Educación debe terminar con las asesorías ténicas que utilizan recursos y complican la administración. “La Secretaría no es la gallinita de oro para resolver problemas de medio mundo; su prioridad debe ser garantizar educación y seguridad a nuestros estudiantes”, concluyó.
