El Congreso Nacional aprobó una moción exhortativa mediante la cual solicita al fiscal general de la República, Johel Zelaya, un informe detallado sobre el estado de las investigaciones relacionadas con el presunto sabotaje electoral ocurrido el 9 de marzo de 2025.
Durante la sesión legislativa, los diputados recordaron que este episodio marcó uno de los momentos más críticos de la reciente historia democrática del país y cuestionaron que, hasta la fecha, no se hayan establecido responsabilidades directas por lo ocurrido.
La solicitud del Legislativo busca conocer las razones de la parálisis en las investigaciones y determinar el avance de los procesos abiertos por las irregularidades denunciadas durante las elecciones primarias del año pasado.
La presión parlamentaria apunta a esclarecer la actuación de las autoridades que tuvieron bajo su responsabilidad la custodia y el manejo del material electoral durante ese proceso.
La iniciativa fue impulsada desde la bancada del Partido Liberal, cuyos diputados señalaron la necesidad de retomar las investigaciones que involucran al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, y al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.
A ambos se les señala por su presunta participación en acciones que impidieron el flujo normal del material electoral y que, según las denuncias, pusieron en precario el sistema democrático durante las elecciones primarias del año pasado.
"Nada haríamos si no lográramos incidir en el fortalecimiento democrático y para ello es fundamental que los comportamientos delictivos que se dieron contra la democracia el 9 de marzo no queden sin castigo; no por odio ni venganza, sino por hacer justicia", manifestó la diputada Luz Ernestina Mejía.
Acusaciones
El reclamo legislativo subraya que el señor Roosevelt Hernández era el responsable directo del traslado, transporte y custodia del material electoral, una labor que constitucionalmente recae en las Fuerzas Armadas pero que, aquel 9 de marzo, se vio empañada por retrasos y bloqueos sistemáticos.
Por su parte, al consejero Marlon Ochoa se le acusa de haber operado desde el órgano electoral para sabotear el proceso, actuando en supuesta confabulación con los mandos militares de aquel entonces.
Para los parlamentarios, el paso del tiempo sin que existan requerimientos fiscales solo alimenta la percepción de impunidad y cinismo.
Se argumentó que la falta de acción por parte de la Fiscalía General permite que los señalados aparezcan públicamente burlándose de la ciudadanía, mientras el país aún procesa el trauma de una jornada donde miles de hondureños tuvieron que esperar hasta la madrugada para ejercer su derecho al sufragio.
"Hemos pedido con respeto, pero con firmeza, que el fiscal general dé las razones del por qué a estas alturas no ha finalizado la investigación ni realizado los requerimientos correspondientes a los responsables", detalló la parlamentaria liberal ante el pleno.
La moción no solo busca castigar el pasado, sino blindar el futuro, existe un temor creciente en la cámara legislativa de que, si estos hechos quedan en el olvido, se conviertan en un precedente peligroso para cualquier grupo interesado en desestabilizar las instituciones.
La narrativa de la "oligarquía melista", mencionada durante el debate, refleja la tensión política que persiste en torno a quiénes fueron los verdaderos "maestros" detrás del caos electoral.
El Congreso recordó las imágenes de ancianos esperando bajo la incertidumbre y centros de votación operando a las 3:00 de la mañana debido a la retención del material. Esos hechos, que casi destruyen la paz social del país, son los que la Fiscalía está obligada a esclarecer para disuadir a futuros funcionarios de prestarse a maniobras similares.
"No se nos puede olvidar porque si eso sucede, podrían pasar cosas peores en el futuro; lo que están buscando es dejar en la impunidad todos esos delitos electorales contra la patria", advirtió la diputada Mejía en su intervención.
La respuesta del fiscal general ahora está bajo la lupa pública. El informe solicitado deberá explicar no solo los hallazgos técnicos de las pesquisas, sino la base legal que ha impedido, hasta ahora, sentar en el banquillo de los acusados a quienes ostentaron el control de las armas y los votos en aquella fecha crítica.
"No existe nada personal, son las conductas delictivas y en contra de la patria de estos señores las que tienen que combatirse para que no vuelva a pasar", concluyó la representante del Partido Liberal tras la votación de la moción.
