El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) señala que la falta de armonización normativa, la ausencia de políticas públicas efectivas y la persistencia de barreras son parte de la deuda estructural que el Estado hondureño mantiene con las personas con discapacidad.
Esa situación limita a los discapacitados el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
Pese a que Honduras ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace casi dos décadas, este sector vulnerable, que representa el 15% de la población hondureña, enfrenta grandes limitaciones para el ejercicio y goce de sus derechos.
Entre las limitantes está la desigualdad de las condiciones en las que viven y la falta de accesibilidad a diversos servicios, situación que les imposibilita alcanzar una vida independiente e inclusiva en la sociedad o su comunidad.
Ricardo López, delegado adjunto del Conadeh, considera que “de manera reiterada han denunciado esas barreras que enfrentan las personas con discapacidad, las que van desde temas de accesibilidad, la falta de la participación política y el acceso a derechos fundamentales”.
“Si bien la Convención representó un cambio de paradigma, al reconocer a las personas con discapacidad como sujetas plenas de derechos y no como objetos de asistencia, en Honduras, ese mandato aún no se traduce plenamente en transformaciones institucionales concretas”, aseguró López.
Además de eso, es del criterio que “la falta de voluntad política para la armonización legislativa quedó evidenciada con el impulso, en el 2008, de un proceso de revisión de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, pero que la iniciativa permaneció años sin aprobación en el Congreso Nacional”.
“Aunque en diciembre de 2024 se presentó nuevamente la moción y, en 2025, fue revisada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la ausencia de aprobación definitiva evidenció la limitada prioridad política que históricamente ha tenido la agenda de discapacidad”, señaló Ricardo López.
“Propuestas como la Política Nacional de Salud Mental y la Política para las Personas con Discapacidad, no lograron consolidarse ni implementarse plenamente, lo que refleja la ausencia de voluntad política para convertir compromisos internacionales en acciones concretas con presupuesto, indicadores y mecanismos de seguimiento”, dijo López.
Por su parte, Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Conadeh, afirmó que “esta población sigue enfrentando barreras físicas, comunicacionales, actitudinales e institucionales en salud, educación, empleo, accesibilidad, participación política y protección social”.
Cuestionó que gran parte de la atención ha recaído, históricamente, en organizaciones de sociedad civil y familias, en lugar de ser garantizada directamente por el Estado.
“Muchas de esas organizaciones enfrentan hoy dificultades para acceder a fondos públicos por procedimientos administrativos complejos, lo que ha obligado a algunas a cerrar sus servicios”, manifestó Betina Hernández.
Como parte de las reformas, el Conadeh recomendó establecer mecanismos permanentes de monitoreo, inspecciones efectivas e indicadores verificables y puso como ejemplo que la cuota de empleo para personas con discapacidad existe en la ley, pero su cumplimiento es limitado por la ausencia de controles y sanciones administrativas.
“El Estado debe asumir su rol como garante de derechos con instituciones técnicas, coordinadas y con presencia territorial, en lugar de delegar la atención a la sociedad civil y en la familia”, indicó la funcionaria.
Recomendó que se garantice el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”, con la participación real de las organizaciones de personas con discapacidad en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.
“Mientras la discapacidad siga siendo vista desde una lógica de asistencia y no como una cuestión de derechos humanos, continuará existiendo la exclusión, el incumplimiento y las barreras estructurales para esta población”, advirtió Hernández.
“En definitiva, la mayor deuda estructural es que las personas con discapacidad aún no ejercen sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas, pese a que el Estado hondureño asumió ese compromiso internacional hace casi dos décadas”, concluyó Hernández.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en el 2006.
Honduras la ratificó en el 2008, convirtiéndose en uno de los primeros 25 países en hacerlo. La Convención entró en vigor internacionalmente, en mayo del 2008 y, desde su ratificación, forma parte del derecho interno hondureño.
