La Confraternidad Evangélica de Honduras y la Asociación de Pastores de Tegucigalpa advirtieron ayer domingo sobre una grave amenaza al orden constitucional y a la democracia, tras los acontecimientos registrados después de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, y pidieron respetar la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y garantizar una transición pacífica en el país.
En un comunicado público fechado el 11 de enero de 2026, las organizaciones cristianas expresaron su “profunda preocupación” por la conducta del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. También detallan las decisiones adoptadas en una sesión extraordinaria celebrada el 8 de enero, cuya integración fue cuestionada por la ausencia de representación multipartidaria y el predominio de diputados suplentes.
Asimismo, condenaron que el titular del Legislativo haya advertido que el Congreso asumiría funciones de escrutinio especial si el CNE no ejecutaba las acciones que él demanda, lo cual calificaron como una usurpación de atribuciones constitucionales.
Las entidades religiosas también rechazaron “categóricamente cualquier presión ejercida, desde sectores político-partidarios o desde instancias de la institucionalidad pública estatal, contra las Fuerzas Armadas de Honduras, con el propósito de inducirlas a ejecutar acciones contrarias a la Constitución, particularmente en lo relativo a la custodia y preservación del material electoral”.
En ese contexto, felicitaron a las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio Ardón, por su postura en defensa de la legalidad y del respeto a la declaratoria emitida por el CNE en los tres niveles electivos, así como por su respaldo a la alternabilidad en el poder.
El comunicado también incluye un llamado directo al Gobierno de la República para que coordine de inmediato con el equipo del presidente electo, Nasry Asfura, a fin de asegurar un proceso de transición “ordenado, transparente y conforme a la ley”.
Finalmente, exhortaron a los actores políticos a actuar con “cordura, responsabilidad y patriotismo”, anteponiendo los intereses del país para preservar la paz social y la institucionalidad democrática.
