En un pronunciamiento difundido a través de su cuenta en X (antes Twitter), la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, lanzó una defensa cerrada de la legalidad de la declaratoria de las elecciones generales y denunció presiones, sabotajes y directrices inconstitucionales provenientes de otros poderes del Estado que han puesto a prueba la autonomía del órgano electoral.
Hall inició reconociendo “la labor profesional y patriótica” del actual Jefe del Estado Mayor Conjunto y pidió que las Fuerzas Armadas de Honduras continúen resguardando el material electoral, en apego a su mandato constitucional de proteger la alternabilidad en el poder. En ese sentido, subrayó que la custodia del proceso es clave para preservar la democracia en un contexto de alta tensión política.
La titular del CNE sostuvo que, pese a que la Constitución consagra a la institución como autónoma e independiente, en los hechos “se ha tenido que luchar para defender nuestra autonomía”. A su juicio, desde otros poderes del Estado se han emitido “directrices inconstitucionales e ilegales” que pretenden desconocer atribuciones exclusivas del ente electoral.
Hall recordó que cualquier decisión del Congreso Nacional en materia electoral exige una mayoría calificada de dos tercios, es decir, 86 o más diputados, quórum que —afirmó— no se cumplió, por lo que “cualquier disposición tomada no es vinculante”. Añadió que también se han ignorado las razones de fuerza mayor que impidieron completar etapas del proceso y, además, que el CNE “ya realizó la declaratoria de Elecciones”.
La presidenta del CNE denunció una “confabulación de algunos sectores de partidos políticos” para sabotear el escrutinio especial. Entre las prácticas señaladas enumeró la no integración de juntas especiales, la dilación “burda y desproporcional” en el procesamiento de actas, la colocación de actas en cero sin sustento legal y la negativa de miembros de juntas a ingresar al Centro Logístico Electoral, “presionando e intimidando al personal del CNE”. Estas conductas, advirtió, “constituyen delitos” y alcanzan tanto a quienes las ejecutaron como a los actores políticos que las instigaron.
Hall aseguró que el CNE optó por “anteponer el bien mayor: salvar el proceso y, por tanto, la democracia”. Recalcó que la declaratoria es la garantía de la alternancia en el poder y que se realizó “dentro del plazo y con los requisitos de ley”, advirtiendo que no hacerlo habría provocado un daño “irreparable” a la democracia hondureña.
La funcionaria también se refirió a la falta de publicación de la declaratoria en el Diario Oficial La Gaceta, atribuyéndola a la “negativa continuada de las instancias estatales correspondientes”. No obstante, defendió su validez al señalar que fue publicada en diarios de mayor circulación y en la página oficial del CNE, cumpliendo los principios de publicidad y transparencia, además de haber sido reconocida por misiones de observación nacionales e internacionales.
Finalmente, Hall recordó que el material electoral permanece resguardado en el CNE y que “no puede arrebatarse o tomarse por la fuerza por nadie”. En un cierre de tono firme, afirmó que la institucionalidad “es la última barrera para defender nuestra democracia” y, pese a lo que calificó como una “embestida violenta, sin límite ni tregua del oficialismo”, reiteró: “¡Nos mantendremos firmes!”
