Tras la aprobación del polémico decreto promovido por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, que instruye al Consejo Nacional Electoral (CNE) a efectuar un recuento de actas, el órgano electoral difundió documentos que acreditan que la declaratoria de elecciones se presentó en tiempo y forma.
Diversos sectores y expertos han cuestionado la legalidad del decreto aprobado en una sesión de diputados de Libe la noche del jueves 8 de enero y advierten sobre una posible usurpación de funciones, irrespeto a la institucionalidad y la eventual comisión del delito de traición a la patria.
La normativa aprobada instruye directamente al órgano electoral a ejecutar un recuento general, pese a que el marco constitucional y legal vigente establece rutas jurisdiccionales específicas para la revisión de resultados, los cuales ya fueron oficializados en tiempo y forma por el CNE.
En paralelo, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) continúa dando trámite a los recursos de apelación e impugnación interpuestos tras la declaratoria de resultados preliminares.
En ese contexto, el órgano jurisdiccional solicitó durante el fin de semana a las Fuerzas Armadas (FF AA) el resguardo de las urnas y del material electoral, con el objetivo de preservar la cadena de custodia mientras se resuelven los expedientes en curso, ante la posibilidad de disturbios en las instalaciones.
A ello se suman las inconsistencias registradas durante la aprobación del decreto, realizada únicamente con la bancada de diputados propietarios y suplentes del partido Libertad y Refundación (Libre). Redondo advirtió que, en caso de que el Consejo Nacional Electoral se niegue a realizar el recuento, el Poder Legislativo abrirá las urnas y emitir una nueva declaratoria.
Según un acta notarial levantada el 31 de diciembre de 2025, la declaratoria de resultados sí fue llevada a las instalaciones de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag) por parte del Consejo Nacional Electoral; sin embargo, no fue recibida ni sometida a trámite administrativo, lo que contradice la versión pública de que el documento “no llegó”.
De acuerdo con el documento, la diligencia se realizó a requerimiento de la Secretaría General del CNE, con el objetivo de entregar la documentación correspondiente a la declaratoria de elecciones generales de 2025 para su publicación.
El acta establece que, aproximadamente a las 11:07 am, la comitiva se presentó en el portón de acceso de la Enag. El personal presente indicó que no se podía abrir el portón y, posteriormente, un empleado del área de servicios generales manifestó que no había personal autorizado para recibir documentación, argumentando que la institución se encontraba en período de vacaciones. En consecuencia, se indicó que no era posible recibir los documentos.
Ante la negativa, la notaria dejó constancia de que la declaratoria fue llevada físicamente a la Enag, pero no ingresó al proceso interno de recepción. Por tal motivo, únicamente se levantó el acta notarial como respaldo del intento formal de entrega. La diligencia concluyó alrededor de las 11:16 am, según el mismo instrumento público.
El acta no certifica recepción administrativa, pero sí acredita que el documento fue presentado en tiempo y forma y que la Enag se negó a recibirlo bajo el argumento de ausencia de personal y cierre institucional.
Este relato documentado contradice la afirmación de Edis Moncada, director de la Enag, quien aseguró que la declaratoria “no llegó”, ya que existe constancia legal de que el documento fue llevado, aunque no recibido, hecho que ahora circula públicamente.
