La Comisión de Educación del Congreso Nacional anunció que convocará a representantes de los centros educativos privados para conocer el impacto que ha tenido la extorsión en el sector y coordinar acciones con las autoridades de seguridad, luego de reportes sobre el cierre y traslado de varios planteles en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
La iniciativa surge tras las denuncias de instituciones educativas que aseguran haber sido afectadas por el cobro del denominado "impuesto de guerra", una situación que, según organizaciones del sector, ha obligado a algunos centros a suspender operaciones o reubicarse para proteger a estudiantes y personal.
El presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, el diputado Arnold Burgos, informó que el objetivo de la reunión será conocer de primera mano la situación que enfrentan los colegios privados y establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad.
"Vamos a reunirnos con las asociaciones de centros educativos privados para conocer la realidad que están viviendo. También hemos conversado con la ministra de Educación, Arely Argueta, porque es necesario trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad para brindar protección a estudiantes, docentes y personal administrativo", manifestó el legislador.
Burgos señaló que el problema afecta principalmente a instituciones bilingües y centros de educación básica ubicados en barrios y colonias donde los índices de criminalidad han aumentado en los últimos años.
Como parte de las acciones previstas, la comisión legislativa pretende abrir un canal de comunicación permanente con los representantes de los centros educativos para trasladar de forma directa las denuncias a las autoridades encargadas de la seguridad y la defensa.
Asimismo, se espera que las organizaciones del sector privado educativo presenten un listado de los planteles que enfrentan mayores riesgos, con el fin de priorizar medidas de protección, fortalecer los patrullajes y establecer protocolos de seguridad en coordinación con los cuerpos policiales.
De acuerdo con información divulgada por la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (FENIEPH) y registros del Sistema Integrado de Información Educativa (SIIE), durante este año varias instituciones privadas han cesado operaciones o se han visto obligadas a trasladar sus instalaciones debido a amenazas relacionadas con la criminalidad organizada.
La Comisión de Educación indicó que dará seguimiento al tema para evaluar la magnitud de la problemática y buscar alternativas que permitan garantizar la continuidad de las actividades académicas en condiciones seguras para toda la comunidad educativa.
