La secretaría del Congreso Nacional anunció la aplicación de sanciones económicas mediante la deducción de un día de salario unos doce diputados propietarios y suplentes de las bancadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal y Partido Nacional que no se presentaron a la sesión parlamentaria celebrada este jueves 23 de julio.
La medida fue confirmada por el secretario del Poder Legislativo, Carlos Ledezma, quien precisó que el descuento aplicará a aquellos congresistas que no se encontraban en sus respectivas curules durante la jornada y que no presentaron la debida justificación de su inasistencia ante la directiva.
"No solamente se le va a deducir el salario al propietario, sino que al suplente también, porque si no está el propietario tiene que estar el suplente y viceversa", explicó Ledezma al referirse al mecanismo administrativo que busca garantizar la presencia y el quórum de las bancadas durante las deliberaciones del pleno.
Entre los legisladores afectados por el descuento figuran los diputados del partido Libre: Rafael Sarmiento, Óscar Montoya y Dunia Jiménez; mientras que en la bancada del Partido Liberal se sancionará a Ricardo Elencoff, Fani Santos, Marco Rodríguez, Sandra Coleman y Leonor Guerra.
Por parte de la bancada del Partido Nacional, la nómina de ausentes está integrada por Sara Zavala, Daisy Andonie y Adrián Martínez.
Deducciones salariales
El secretario del Congreso aclaró que los diputados nacionalistas Mario Pérez y Alberto Chedrani sí remitieron justificativo formal para excusarse de la sesión, en tanto que la diputada Scherly Arriaga permanece bajo incapacidad médica.
Las deducciones salariales ejecutadas por la junta directiva se aplican en cumplimiento estricto del paquete de reformas introducidas a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, normativas orientadas a fiscalizar la asistencia, fortalecer la disciplina parlamentaria y agilizar el trabajo dentro del hemiciclo.
Asimismo, las disposiciones reglamentarias contemplan que los fondos retenidos por concepto de inasistencias o faltas de los congresistas no permanezcan en las arcas administrativas del Congreso Nacional, sino que sean canalizados hacia proyectos de infraestructura en centros educativos o instalaciones del sistema de salud pública.
