El Congreso Nacional de Honduras impuso fuertes sanciones económicas a diputados que faltan a las sesiones o generan desorden en el hemiciclo, acumulando más de 700,000 lempiras en deducciones salariales.
La medida, aplicada por la Pagaduría del Poder Legislativo, tiene como objetivo reducir el ausentismo parlamentario y mantener el orden durante las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Las retenciones salariales han sido aplicadas a diputados de diferentes partidos políticos, incluyendo representantes del Partido Nacional, sin distinción de bancada.
Las autoridades de la junta directiva explicaron que los controles de asistencia se volvieron mucho más rigurosos, amparados en las recientes modificaciones aplicadas al estamento que rige el comportamiento interno de los diputados en el transcurso de la legislatura.
"Lo que se busca es que el Congreso Nacional sea un lugar de debate, que tenga orden, que sea de diálogo, donde se planteen sus ideas", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El mecanismo de control de asistencia estipula que el parlamentario propietario que no se encuentre en su curul al momento del llamado oficial pierde de forma automática el derecho al pago de esa jornada laboral, sufriendo un impacto económico aproximado de 3,000 lempiras diarios.
Bajo esta modalidad de inasistencia simple, los registros públicos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) revelan que en el mes de enero se retuvieron 29,472 lempiras a una docena de congresistas, mientras que en febrero la sanción afectó a seis legisladores por un global de 18,632 lempiras.
Sin embargo, el grueso del dinero recaudado proviene de las penalizaciones severas impuestas por alterar el orden público y boicotear las sesiones mediante altercados físicos o verbales.
El castigo más drástico recayó sobre un grupo de 15 diputados de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), a quienes se les suspendió el salario equivalente a 15 días de labores debido a los constantes disturbios protagonizados en el salón de debates.
"Esto equivale a unos 45,000 lempiras en promedio por cada uno de ellos, por lo que solo con esa deducción la cifra de penalización supera los 500,000 lempiras en el parlamento", detalló Zambrano.
Los fondos provenientes de estas amonestaciones económicas están siendo canalizados de forma directa hacia el sector educativo nacional, priorizando a escuelas y colegios ubicados en zonas con altos índices de vulnerabilidad social.
El primer desembolso de estos recursos se efectuó en el kínder San José de la Montaña, situado en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, donde las autoridades legislativas entregaron una asignación inicial de 200,000 lempiras para mejoras de infraestructura.
La proyección de estas ayudas sociales se extendió hacia el departamento de Gracias a Dios, específicamente en el municipio de Brus Laguna, donde el Instituto Renacimiento recibió un aporte de 50,000 lempiras.
De igual manera, las recaudaciones por desórdenes legislativos sirvieron para financiar con 100,000 lempiras al Instituto Técnico Santa Cruz, localizado en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
"Convertimos las inasistencias en beneficios directos para la población; estuvimos en La Mosquitia y en Santa Cruz de Yojoa, pero todavía no hemos terminado de entregar porque tenemos bastantes solicitudes", manifestó el presidente del Congreso Nacional.
La implementación de estas multas directas forma parte de un paquete de reformas estructurales aplicadas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, destinadas a eficientar el uso de los fondos estatales y mejorar la disciplina de los representantes del pueblo.
