Mario Segura, diputado del Partido Liberal por el departamento de El Paraíso, se refirió este jueves a la polémica asignación de fondos de apoyo social a los congresistas.
Segura explicó que, a diferencia de años anteriores, estos fondos tienen mecanismos de control y liquidación más rigurosos, ya que los legisladores únicamente realizan la gestión y no reciben el dinero de forma directa.
El parlamentario indicó que anteriormente existía un subsidio que los diputados entregaban de manera discrecional, pero afirmó que el esquema actual establece reglas específicas sobre el uso de los fondos y los procedimientos para su rendición de cuentas.
"Antes existía un subsidio que el diputado, a discrecionalidad, lo daba. Ahora no. Existen renglones específicos en los que se pueden utilizar esos fondos y cuáles son los mecanismos para liquidarlos. Los recursos están dirigidos especialmente a las comunidades, patronatos y alcaldías; el diputado solo hace la gestión y no recibe el dinero", subrayó.
Segura indicó que cada congresista dispone de 100 mil lempiras mensuales destinados a apoyo social y señaló que, en su caso, canaliza esos recursos a través de las alcaldías de El Paraíso para atender solicitudes de las comunidades.
Asimismo, detalló que cuando los fondos son entregados a patronatos, estas organizaciones deben realizar la liquidación correspondiente, siempre que estén debidamente identificadas y cuenten con personalidad jurídica.
Añadió que, cuando los recursos son canalizados mediante las municipalidades, corresponde a las alcaldías efectuar la liquidación bajo los formatos establecidos por el Congreso Nacional.
El diputado también respondió a las críticas de sectores de la ciudadanía sobre la utilización de estos fondos y sostuvo que son una herramienta para atender necesidades urgentes que enfrentan muchas familias hondureñas.
Según explicó, una parte importante de las solicitudes está relacionada con la compra de ataúdes, pasajes, tratamientos médicos y otras emergencias que, en muchas ocasiones, no pueden ser cubiertas por las municipalidades debido a la alta demanda.
"Muchas personas buscan ayuda para ataúdes, pasajes o tratamientos médicos y los alcaldes están saturados. El proceso de liquidación es duro y, en ocasiones, hasta inhumano porque obliga a documentar situaciones muy sensibles de las personas que reciben el apoyo. Yo no estoy de acuerdo en exhibir ese tipo de circunstancias", expresó.
Segura insistió en que el actual mecanismo establece mayores controles sobre el uso de los recursos y reiteró que el papel de los diputados se limita a gestionar las solicitudes de apoyo, mientras que la ejecución y la liquidación quedan a cargo de las instituciones y organizaciones beneficiarias.
