Con la ausencia del consejero vocal y de dos de los tres representantes de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), Cossette López y Ana Paola Hall, consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), recibieron este lunes la oferta de la única empresa que participa en la licitación de la biometría para las elecciones generales.
En el proceso, que concluyó a las 10:00 am, únicamente la empresa Smartmatic, que proporcionó tecnología para varios procesos electorales en Venezuela, presentó su oferta por un monto aproximado de 106.3 millones de lempiras, correspondiente a varios lotes de la licitación.
El primer lote ofertado asciende a L101.6 millones, mientras que el segundo a L4.7 millones. La licitación incluye la adjudicación de sistemas de soporte técnico, servicios complementarios del sistema biométrico y la actualización de hardware.
Al inicio del evento, que estuvo resguardado por un fuerte contingente policial, la consejera presidenta denunció y pidió dejar constancia en acta de la ausencia de dos de los tres miembros que integran la Unidad de Compras y Contrataciones del CNE.
Marlon Ochoa, consejero vocal, volvió a faltar a una sesión en un nuevo intento por bloquear el avance del cronograma electoral, al estar en desacuerdo con la decisión de introducir supervisión humana para detectar incongruencias en las actas de cierre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), pese a que se tomó por mayoría el 15 de junio.
Suany Núñez, directora administrativa y financiera, recibió la documentación del proceso, con el apoyo del delegado del Partido Nacional, David Colman, ante la ausencia del resto de miembros de la UCCE.
No acudieron Gloria Arana, representante de Libre, ni Denis Munguía, del Partido Liberal.
De acuerdo con fuentes del CNE, la ausencia de Munguía se debió posiblemente a temor a represalias, en vista de que en las elecciones primarias fue denunciado judicialmente por Marlon Ochoa debido a una enmienda en un proceso de contratación. La consejera presidenta dijo que, aunque era un escenario previsible -la ausencia de la suplente-, se deben agotar todas las vías correspondientes, incluyendo el diálogo.
Licitación
Tras la revisión de la documentación, foliado de archivos e ingreso a cajas de seguridad para su posterior análisis, el proceso subsiguiente consistirá en el nombramiento de una comisión de evaluación, la cual será la encargada de realizar las valoraciones técnicas que definirán si se adjudicará o no la licitación a Smartmatic.
“Se está dando continuidad a las normas que previamente ya están establecidas, no es una adjudicación en este momento, lo único que se hace es que se reciben las ofertas que se presenten y luego hay una comisión de evaluación que tiene que analizar si lo presentado responde a lo solicitado por el CNE en sus pliegos de condiciones”, explicó Ana Paola Hall.
Detalló que “luego, en ese informe, la comisión hace una recomendación sobre qué es lo que procede adjudicar o no; además, se nutre el informe con la opinión de otra unidad del CNE, que es la de preintervención; entonces, con esos dos insumos, el pleno finalmente toma una decisión, pero para esto hay un proceso”.
Hall indicó que, en cualquiera de los casos, si el pleno y la comisión consideran que la empresa no cumplió con los requisitos, el manejo del sistema biométrico no será adjudicado.
“No se adjudica, se declara el proceso fracasado y se va a otro proceso de contratación más expedito”, expuso. Según lo establecido en el cronograma electoral, el 14 de agosto el pleno del CNE deberá adjudicar la licitación del sistema biométrico.
Perfil de Smartmatic
Smartmatic es una empresa tecnológica con sede en Londres que ha brindado servicios electorales en más de 35 países, procesando más de 6,500 millones de votos, según su página web.
En Honduras participó en las elecciones generales de 2021, suministrando 20,000 dispositivos biométricos que, según el CNE, ayudaron a mitigar la suplantación de identidad y a facilitar la logística en los centros de votación. Aunque la empresa ha enfrentado señalamientos en distintos contextos, sus ejecutivos han asegurado que existe desinformación en torno a su reputación.
En 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Roger Piñate, cofundador de Smartmatic, por presuntos sobornos en Filipinas. También fueron señalados otros dos ejecutivos. Todos pagaron fianzas millonarias y actualmente enfrentan procesos judiciales en calidad de personas individuales.
La empresa aseguró que los implicados fueron separados de sus funciones, enfatizando en que los cargos no son contra la compañía. Smartmatic también aclaró que, desde 2017, no participa en procesos electorales en Venezuela. Tras denunciar públicamente irregularidades en la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, sus equipos fueron incautados por el Gobierno venezolano.
