Honduras
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Honduras recibirá asilados de diferentes nacionalidades referidos por Estados Unidos, según un acuerdo suscrito entre ambos países el 10 de marzo de 2025 en Washington.
El acuerdo ejecutivo 13-DGAJTC-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta el 24 de junio de este año, establece la “Cooperación en el Examen de las Solicitudes de Protección”.
Según el documento, mientras no se celebren nuevas negociaciones, el acuerdo se limita a ciudadanos de países latinoamericanos de habla hispana que no requieran visa para ingresar a Honduras, con un máximo de diez personas transferidas por mes. Esto representa un total de 240 personas durante los primeros dos años del convenio.
Honduras podrá aceptar personas de otras nacionalidades o superar el límite mensual establecido, a discreción de su gobierno, lo cual deja abierta la posibilidad de ampliar el plan de implementación.
El acuerdo aclara que su ejecución no compromete recursos financieros del Gobierno de Honduras ni del Gobierno de Estados Unidos.
El Gobierno estadounidense se compromete a remitir el manifiesto de vuelo de las personas que serán trasladadas con al menos 72 horas de anticipación. Honduras podrá rechazar la transferencia de cualquier persona que considere responsable de crímenes contra la paz o delitos de lesa humanidad. Las personas serán recibidas en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, en San Pedro Sula.
Este acuerdo no aplica a solicitantes de protección que sean ciudadanos o nacionales de Honduras, ni a personas apátridas que residan habitualmente en el país.
La responsabilidad de resolver las solicitudes de protección corresponde al Gobierno de Estados Unidos en los siguientes casos: cuando la persona sea menor no acompañado; haya ingresado con visa válida u otro documento de admisión distinto al tránsito; o esté exenta de requerir visa para entrar al país.
Se considera menor no acompañado a un solicitante de protección que no haya cumplido los 18 años y que no cuente con un padre, madre o tutor legal disponible para brindarle cuidado y custodia en el país donde fue encontrado, ya sea en Estados Unidos o en Honduras.
El acuerdo también excluye a personas involucradas en crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, pornografía infantil, violaciones a los derechos humanos, y otros delitos vinculados a actividades ilícitas, así como a quienes estén sujetos a notificaciones de la Interpol.
Asimismo, podrán ser trasladadas personas con autorización médica para viajar, siguiendo los mismos estándares que aplica el Gobierno de Estados Unidos en sus procesos de deportación.
En el caso de unidades familiares, su traslado estará sujeto a notificación previa a Honduras y a la confirmación de que el país cuenta con condiciones adecuadas para recibirlas.
El acuerdo entrará en vigor una vez se completen los procedimientos legales internos de cada país. Su renovación será automática cada año, salvo que alguna de las partes notifique, al menos con 30 días de anticipación, su decisión de no renovarlo. También podrá darse por terminado mediante notificación escrita con seis meses de antelación.
En entrevista con Diario LA PRENSA, Wilson Paz, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que hace unas semanas se reunió con Colleen Anne Hoey, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, con quien dialogó sobre la etapa de implementación. Actualmente, esta se encuentra en espera por falta de financiamiento, ya que, aunque el acuerdo sostiene que su ejecución no compromete recursos financieros de ambos países, sí se necesitan fondos para recibir a los refugiados.
"No solamente se trata de que ellos vengan al país, que los admitamos e inicien un proceso, sino también que tengan oportunidades para optar a medios de vida. Estamos viendo esa parte con ellos todavía, por eso no ha iniciado, pero estamos trabajando".
Paz explicó que, si estas personas no encuentran oportunidades en Honduras, es probable que intenten regresar a Estados Unidos. El Gobierno de Honduras buscará fondos para socios estratégicos especializados en temas de refugio, como Acnur y el Consejo Noruego para los Refugiados.
En más de una década, Honduras ha recibido 1,116 solicitudes de refugio y ha aceptado a 221. "Las personas refugiadas dicen quedarse en un país donde se sienten cómodos y sientan que no corren los mismos peligros de donde venían, son casos concretos", apuntó.
El Estado tiene la obligación de no devolverlos, aceptar su solicitud y, posteriormente, reconocer o no la condición de refugiado. "El Estado no se puede hacer cargo de las personas, mantenerlas, no puede; ni en Europa logran hacer eso. La persona debe buscar cómo desarrollarse individualmente", indicó.
El funcionario enfatizó que el acuerdo establece que los refugiados referidos por Estados Unidos provendrán de países de Latinoamérica que no requieren visa para ingresar a Honduras. Por ejemplo, los ciudadanos cubanos y venezolanos no están incluidos en el convenio; sin embargo, si ellos llegan directamente al territorio nacional, no se les puede negar la solicitud.
En 2024, Migración registró 374,000 migrantes en tránsito, en su mayoría con destino a Estados Unidos. Este año ha habido una reducción significativa: hasta la fecha, se registran 20,000 migrantes que han pasado por Honduras.
En cuanto a las solicitudes de refugio, el año pasado unos 150 migrantes de otras nacionalidades solicitaron asilo en Honduras. En lo que va de este año, la cifra ha aumentado a 1,100 solicitudes, de las cuales 350 corresponden a núcleos familiares.
"Muchas de las personas que transitan se están queriendo quedar en Honduras por el cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos. Ellos manifiestan que en Honduras se les ha tratado de la mejor manera, no solo el Gobierno, también los ciudadanos. Además, porque estamos trabajando en cambiar las condiciones del país, aunque es un proceso lento que va a llevar muchos años", agregó Paz.
César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras de la UNAH, declaró a LA PRENSA que, por ser un tema humanitario, Honduras no puede negarse a recibir a estos solicitantes de refugio y asilo.
"Hay vacíos en el acuerdo, como por ejemplo si el número puede aumentar, si Estados Unidos puede enviar a más personas de lo que dice el acuerdo y, la otra, es bajo qué condiciones las envía Estados Unidos: si son personas que están en proceso de solicitud de refugio, si están esperando una resolución en Estados Unidos y lo van a esperar en Honduras o si son personas a quienes ya se les negó el asilo".
Castillo señala que Honduras no tiene capacidad para atender a refugiados, en momentos en que están siendo deportados cientos de hondureños desde Estados Unidos.
Hasta la fecha, el INM registra 21,368 hondureños retornados al país, de los cuales 14,874 provienen de Estados Unidos. Otros 13,446 han sido deportados.
"No tenemos las condiciones porque nuestros sistemas son precarios. El tema aquí es qué va a pasar con esta gente. Es una situación bien difícil porque no solo es por las condiciones del país, sino también por sus condiciones".
A juicio de Castillo, Honduras debió haber solicitado algunas condiciones, como la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, que fue cancelado.
Itsmania Platero, defensora de los derechos de migrantes, opinó que, aunque el acuerdo establece que Honduras recibirá 240 personas durante los primeros dos años, este número podría aumentar si Estados Unidos así lo decide.
Por otra parte, Platero estima que son personas que están a la espera de una resolución por parte de Estados Unidos a su solicitud de asilo, un proceso que podría tardar hasta cinco años o más, dependiendo de cada caso.
"Honduras sigue siendo un país altamente inseguro, que no puede resolver sus problemas internos. Estamos viendo cómo los mismos miembros de las Fuerzas Armadas están metidos en pleitos políticos y descuidan temas de seguridad de las fronteras y la seguridad interna de Honduras", aseveró.
Platero se preguntó a cambio de qué firmó este acuerdo Honduras y qué va a recibir. "Creímos que iban a negociar la ampliación del TPS, pero no sabemos qué va a recibir a cambio. Ahora Honduras va a tener que cargar con el acuerdo porque ya lo firmó", concluyó.