El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, alertó que entre 36,000 y 40,000 manzanas productivas se encuentran invadidas en Honduras, una situación que calificó como alarmante por el impacto directo en la producción agrícola, la inversión y la seguridad alimentaria del país.
El funcionario respaldó la Ley de Fortalecimiento al Sector Agroindustrial, aprobada recientemente en el Congreso Nacional, al señalar que la normativa busca proteger la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y dar mayores herramientas legales a las autoridades para actuar frente a las invasiones de tierras.
De acuerdo con Talavera, los informes disponibles reflejan que en Honduras hay alrededor de 66,000 manzanas de tierra invadidas, incluyendo propiedades rurales y urbanas. Sin embargo, expresó especial preocupación por las zonas agrícolas que actualmente están en producción.
Según los datos citados por el titular del INA, unas 31,850 manzanas cultivadas con palma africana permanecen invadidas, a las que se suman cerca de 6,000 manzanas pertenecientes a productores independientes.
“Estamos hablando de entre 36,000 y 40,000 manzanas productivas invadidas. Es una cantidad alarmante. Una sola manzana ocupada ilegalmente ya representa un problema; imaginar esta magnitud de afectación realmente preocupa”, manifestó.
Talavera sostuvo que la nueva legislación pretende garantizar la seguridad jurídica, un elemento que considera fundamental para atraer inversión nacional y extranjera en sectores estratégicos.
“Si no hay seguridad jurídica, las inversiones no van a venir. Nadie quiere invertir en un país donde no se respeta la ley y donde la propiedad privada no está protegida”, afirmó.
El funcionario explicó que la normativa beneficiará no solo al sector agroindustrial, sino también al turismo y a productores grandes, medianos y pequeños, al reforzar los mecanismos para aplicar las leyes vigentes y prevenir daños antes de que ocurran.
“Esta ley está protegiendo al sector agroindustrial, al turismo y a todos los productores. Lo que se busca es que no existan excusas para que los funcionarios encargados de aplicar la ley dejen de hacerlo y que se pueda prevenir el daño antes de que ocurra”, señaló.
