Tegucigalpa, Honduras
El fiscal general Johel Zelaya dijo ayer que los tres hombres, acusados de planificar un atentado contra la vida del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), también querían desestabilizar “el orden constitucional y fomentar un golpe de Estado en contra de la presidenta Xiomara Castro”.
“Como resultado de una exhaustiva investigación, dirigida por el Ministerio Público y con el respaldo de pruebas técnicas, científicas y documentales, se ha procedido este día (ayer) a la captura”.
Los tres imputados fueron detenidos en distintos puntos del país. Arcadio Corrales Estrada (de 64 años), un electromecánico residente en Tegucigalpa, fue capturado en la capital; Perfecto Jesús Enamorado Paz (de 69), comerciante detenido en Comayagua, y Antonio David Kattán Rivera (de 53), comerciante apresado en San Pedro Sula.
La noticia generó sorpresa en el ámbito nacional, especialmente por el cisma político que se ha vivido en el país y además, por los ejemplos de violencia política en varios países de Latinoamérica.
“En pleno año electoral y después de un bombazo de la Fiscalía General de Estados Unidos, donde dice que Venezuela paga un espacio aéreo para pasar drogas por Honduras, que lo convierta entonces y sigue en un narco Estado; me parece una burla al pueblo hondureño que el fiscal general haya salido con semejante libreto”, fustigó María Antonieta Mejía, diputada nacionalista y aspirante a designada presidencial.
Según la parlamentaria, lo declarado por Johel Zelaya es un libreto perfecto para victimizar a Mel Zelaya, quien, a su parecer, "hoy tiene al borde y de cabeza al país, en incertidumbre y sin la certeza de que vamos a un proceso de elecciones".
"Le parece al fiscal general que en la acción penal pública que él debe ejercer le sale más fácil inventar conspiraciones que rendir cuentas de las investigaciones sobre los delitos que le he mencionado. Por eso, cada día más, el Ministerio Público se denigra, pierde credibilidad de ser la institución que debería perseguir el delito y pasó a ser la oficina de comunicaciones de Libre", lamentó Mejía.
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), opinó que el fiscal general, Johel Zelaya, debió ser más responsable.
"Es mucho más importante que la Fiscalía y todos los órganos de justicia puedan estar reunidos para tratar el asunto referente a las declaraciones que brindó la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, sobre que tres países —Nicaragua, Honduras y Guatemala— prestan su espacio aéreo para el narcotráfico", expresó Solórzano.
El presidente del CAH reconoció que en el país debe condenarse la violencia en todas sus formas, y más aún contra una persona con la popularidad de Zelaya, y que el fiscal tendrá que realizar todas las investigaciones del caso.
La noticia generó sorpresa en el ámbito nacional, especialmente por el cisma político que atraviesa el país y por los antecedentes de violencia política en varios países de Latinoamérica.
Para Santiago Ruiz, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), "es lamentable si eso es cierto. Veámonos en el espejo de Colombia, lo que está pasando: atentados contra congresistas, un país que va para atrás en el tema de violencia; en Honduras es inaceptable que podamos llegar a eso".
Ruiz apeló a que, "ojalá que no sean nuevos distractores para todo lo que ha estado pasando en el país; enfocar a la población en llevarla a distractores que no benefician más que a ciertos grupos. La población todavía está reclamando que haya una justicia pareja".
El empresario agregó que, en muchos casos, solo se actúa contra algunos sectores de la sociedad, pero cuando se trata del gobierno se buscan "este tipo de distractores para dejar de lado otras situaciones".
Detenidos enviados a Támara
En horas de la tarde, un juez dictó detención judicial a los detenidos acusados de actos preparatorios punibles y asociación terrorista. Los tres imputados fueron trasladados al centro penitenciario de Támara, en Francisco Morazán, donde permanecerán recluidos mientras sigue el proceso judicial en su contra.
Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados, consultada sobre la posibilidad de que los imputados ofrecieran caución o se considerara la edad de dos de ellos, ya que son de la tercera edad, señaló que “no se aceptó ninguna medida sustitutiva debido a la gravedad de los señalamientos”. La audiencia inicial será el 18 de agosto.
