El desplazamiento forzado interno continúa siendo una de las crisis más profundas y menos visibles en Honduras.
Un total de 423,845 personas han tenido que abandonar sus hogares por causas vinculadas a la violencia, el crimen organizado, la presencia de pandillas y fenómenos climáticos, según el más reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La medición, basada en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples y realizada con apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, establece que, hasta 2024, el 4.5% de la población hondureña ha sido forzada a cambiar de vivienda al menos una vez por razones de inseguridad.
El informe también evidencia que la crisis no responde a una sola causa. Más de un tercio de las personas desplazadas menciona que, además de la violencia, influyeron factores relacionados con el cambio climático y los desastres naturales.
En el caso específico de quienes huyen por violencia, el 38.5% también señala estos eventos como detonantes.
Los datos ubican a Cortés y Francisco Morazán como los departamentos con mayor número de personas desplazadas, especialmente en zonas urbanas como el Distrito Central y San Pedro Sula, donde los niveles de violencia siguen siendo elevados.
Una de las características del fenómeno es que los desplazamientos suelen ocurrir en distancias cortas.
Más de la mitad se producen dentro de la misma aldea, seis de cada diez dentro del mismo municipio y ocho de cada diez permanecen en el mismo departamento, lo que evidencia que las familias buscan refugio cercano, sin lograr salir completamente del entorno de riesgo.
El estudio también advierte que al menos uno de cada cinco desplazados no ha logrado retornar a su lugar de origen, lo que refleja la persistencia de las condiciones que provocaron su salida.
A nivel de hogares, el 6.2% (equivalente a 157,164 hogares) reporta tener al menos una persona desplazada. Además, el 62% de esta población reside actualmente en zonas urbanas, donde intentan reconstruir sus vidas.
El perfil de la población afectada revela una alta vulnerabilidad: el 55% son mujeres con una edad promedio de 37 años, mientras que un 11% corresponde a niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. Cerca de un tercio de los desplazados son jefes de hogar y el 45% vive en condiciones de pobreza extrema.
“El levantamiento de esta información permite ponerle rostro a una realidad que persiste en el país”, afirmó Rony Pacheco, director ejecutivo del INE, al destacar que estos datos servirán para orientar políticas públicas dirigidas a la protección de las familias afectadas.
Por su parte, Kathryn Lo, representante de ACNUR en Honduras, señaló que la medición representa un avance para comprender la magnitud del problema y diseñar respuestas más efectivas que permitan a las personas desplazadas reconstruir sus vidas con dignidad.
El informe concluye con una serie de recomendaciones, entre ellas fortalecer el sistema nacional de respuesta, avanzar en la Política Nacional de Prevención del Desplazamiento Forzado y ampliar la protección comunitaria, especialmente para la niñez y los grupos en mayor riesgo, así como garantizar derechos sobre vivienda, tierra y propiedad.
