Más de 258,000 hondureños son “nómadas” por la violencia

Un desplazado interno es aquella persona que “se ha visto forzada u obligada a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

El término acuñado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quizá no le parezca familiar, pero sí, los casos que se desprenden de esta situación.

Solo este año 117 familias hondureñas integradas por 483 personas han sido beneficiadas con asistencia humanitaria por sufrir desplazamientos internos, de acuerdo a información proporcionada al equipo de LA PRENSA Premium por la Secretaría de Derechos Humanos mediante solicitud de información SOL-SCTDH-369-2023.

La situación que enfrentan estos hondureños es grave y creciente. En el 2013, el Gobierno reconoció oficialmente la gravedad e incidencia del desplazamiento forzado en el país. Entonces se registraron 8,591 casos.

De ahí a 2022 los casos subieron a 260,551, lo que indica que en 10 años este flagelo aumentó 30 veces.

Un año después se realizó el primer estudio para caracterizar este flagelo, y desde entonces, se han documentado 247,000 desplazamientos forzados documentados por la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia (CIPPDV) y otros 11,015 registrados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Ellos representan el 2.7% de la población de Honduras.

De una u otra manera, estas víctimas silenciosas de la violencia se han visto expuestas a amenazas, usurpación y/o despojo de viviendas o tierras, lesiones, asesinato de un familiar o conocido, secuestro, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso violencia sexual y/o acoso sexual.

Otros se han enfrentado a violencia doméstica, desaparición forzada de un familiar o conocido, extorsión, discriminación, reclutamiento forzado, atentado de asesinato, control social y territorial y restricciones a la movilidad, entre otras situaciones que coartan sus libertades, derechos y obligaciones.

Las personas más vulnerables a está situación son las que viven en zonas donde el imperio de las maras y pandillas, o bandas del crimen organizado, se impone.

Ellos quedan en tierra de nadie, y muchísimas veces les toca huir por miedo a ser presa de los delincuentes. Es así como se han vuelto “nómadas por la violencia”, pues salen de una colonia a otra, o de un municipio a otro para salvaguardar sus bienes y en especial, sus propias vidas.

Los que desisten de esas “mudanzas” obligadas, muchas veces dejando atrás sus patrimonios o los mal venden para no perder del todo, emigran fuera del país adoptando una nueva condición de vulnerabilidad: la de refugiados, ya que muchos buscan el exilio a causa del temor por el flagelo. Solo de 2021 a 2022, la cantidad de personas hondureñas que solicitaron asilo en otros países aumentó 33%.

Aunque las víctimas tienen nombre y apellido, son personas altamente vulnerables, por lo que su seguridad es prioridad, y en esto no hay distinciones de edad. Solo entre los asistidos por el Estado con mecanismos de protección hay 52 bebés menores de cuatro años, 145 menores de 17 años de los que 60% son varones, 212 personas están entre los 18 y 59 años, mientras que 17 son de la tercera edad.

También se suma una persona de la la comunidad LGTIBQ+, para sumar un total de 438 vulnerados. Todos ellos, son mayormente oriundos de Francisco Morazán, Cortés, Ocotepeque, Atlántida, Gracias A Dios, Choluteca, La Paz, Yoro, Olancho y Lempira. Aunque hay zonas que resaltan por ser especialmente peligrosas.

Gabriela Mendoza, titular de la Dirección de Protección a los Desplazados Internos (DIPPDIV), una dependencia de la Secretaría de Derechos Humanos, compartió con periodistas de la zona norte en un taller impartido por la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), los alcances de la nueva Ley de Desplazamiento aprobada hace un año, y que fue ratificada en marzo pasado.“Esta ley era muy necesaria porque la violencia que nuestro país experimenta no solamente es una violencia generalizada, sino que es una violencia normalizada”, lamentó.

Aunque ya tienen mapeados los indicadores que giran en torno a esta problemática, las cifras actuales que evidencian este problema están en proceso de ser actualizadas, ya que los últimos números datan de 2018.

Sin embargo, pese al desfase de los números conocen que el fenómeno del desplazamiento interno no tiene precedentes.

“Sabemos que no hay una cultura de denuncia, porque las personas que están sufriendo estas situaciones no quieren denunciar los hechos, porque saben que sus agresores, con sus estructuras criminales tienen todavía influencia en los medios de verificación a través de la policía y demás. Y esa pérdida de confianza en las fuerzas del orden hacen que las personas sencillamente, un día en la noche, agarren sus cosas, y se vayan huyendo de forma forzada, dejando su residencia, su comunidad”, afirmó la funcionaria.

A raíz de todo ese contexto, es que surge la nueva ley que tiene como fin generar una respuesta integral a las causas del desplazamiento interno forzado en Honduras para la mitigación de su ocurrencia e impactos.

Y en particular, garantizar el respeto a los derechos que cada ciudadano tiene, por ejemplo, la libre circulación, a elegir su lugar de residencia, la protección que deben tener las personas a que nadie tenga injerencia en su domicilio y su vida privada, a un nivel de vida adecuada y a su propia dinámica de vida.

Los impactos que estos flagelos causan en las personas que los padecen van desde necesidad humanitarias, salud, educación, empleo y vivienda.

“Pongámonos en los zapatos de las personas que enfrentan una de estas situaciones, cuando viene alguien y les dice: ‘te vas, no te queremos ver aquí’. Ellos nos dicen: me salí con lo que llevaba puesto, en chancletas. No saqué las pastillas, no saqué ni mis escrituras, no pude sacar nada, no tengo ni mi DNI -cédula-. Lo primero que necesitan es alojamiento seguro. A parte, el 58% tienen que cambiar de empleo, mientras que el 25% eran emprendedores que dejaron o lo perdieron todo, mientras que el 68% de las viviendas son usurpadas, destruidas o abandonadas”, detalló.

Danielle Álvarez, oficial asociada de comunicaciones de Acnur, detalló que los desplazamientos internos, al igual que el drama humanitario que vive el país a causa de los masivos movimientos migratorios mixtos, tienen a los organismos de Naciones Unidas actuando para tratar de brindar el apoyo necesario a estas personas.

Para dimensionar lo que está sucediendo, tanto con los desplazados internos como los que van en tránsito y pasan por el país ella detalló varios números actuales.

Para el caso, señala que en el 5% de la población en Honduras se ha desplazado forzadamente, lo que los pone en condición de vulnerabilidad.

Ello ha hecho, por ejemplo, que 64,973 personas tengan condición de refugiadas, 195, 584 sean solicitantes de asilo y 247,090 estén oficialmente en condición de personas desplazadas por la fuerza en Honduras.

A nivel global este fenómeno también va en aumento. En el mundo hay 108.4 millones de personas desplazadas a finales de 2022, de los que 3.5 millones son ahora personas refugiadas, 62.5 millones desplazadas internas, 5.4 millones solicitantes de asilo y 5.2 millones con necesidades de protección internacional.

Honduras ocupa el octavo lugar en el ránking de los 10 países con mayor número de nuevos solicitantes de asilo. La lista la encabeza Venezuela.