Tegucigalpa, Honduras. La defensa legal del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández espera que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva la solicitud para dejar sin efecto la alerta migratoria que restringe su salida de Honduras, una medida que permanece vigente desde el proceso de extradición a Estados Unidos en 2022.
La abogada Angie Colindres informó que recientemente fueron notificados de un nuevo avance en el caso tras la petición. Ahora, la defensa está a la espera de una resolución que permita determinar si corresponde cancelar la restricción migratoria contra el exmandatario.
“De forma reciente hemos sido informados de que ya se hizo la designación de ese juez que va a decidir acerca del tema migratorio del expresidente Juan Orlando Hernández”, manifestó la profesional del derecho.
La abogada argumentó que la alerta migratoria se originó por la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, la cual se ejecutó en abril de 2022. A su criterio, una vez concretada la entrega del exmandatario a las autoridades estadounidenses, la medida debió quedar sin efecto.
“Lo que esperamos es que se le respeten sus derechos y garantías constitucionales, el derecho a la defensa, el debido proceso y el derecho al libre tránsito”, expresó Colindres.
La representante legal también rechazó que la gestión implique un trato privilegiado para Hernández y sostuvo que se trata de una solicitud que, desde su perspectiva, corresponde resolver conforme a derecho.
Defensa invoca el indulto de Donald Trump
Entre los argumentos expuestos por Colindres figura el indulto total e incondicional que el entonces presidente estadounidense Donald Trump concedió a Hernández, quien salió de prisión el 1 de diciembre de 2025.
El exmandatario había sido condenado en Estados Unidos, en marzo de 2024, a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. Posteriormente, recibió el indulto presidencial y regresó a Honduras el 26 de julio de 2026, en un vuelo privado procedente de Miami que aterrizó en el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua.
La abogada sostuvo que, a raíz de esa decisión, la defensa considera que no existen motivos para mantener la restricción migratoria. Sin embargo, el alcance del indulto estadounidense y sus efectos sobre las medidas vigentes en Honduras son asuntos distintos que deben analizarse conforme a las resoluciones y competencias de las autoridades correspondientes.
La solicitud de levantamiento de la alerta migratoria continúa pendiente de resolución judicial.
¿Qué pasó con el caso Pandora II?
Otro de los argumentos de la defensa está relacionado con el proceso judicial que Hernández enfrentó en Honduras por el caso Pandora II, una investigación en la que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) acusó a varios exfuncionarios por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La audiencia inicial contra el expresidente comenzó el 12 de agosto de 2026. Posteriormente, un juez de garantía dictó sobreseimiento definitivo a su favor por los delitos de lavado de activos y fraude, con lo que se extinguió ese proceso penal, según la resolución judicial.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó entonces que la decisión permitiría extender la carta de libertad definitiva a Hernández y dejar sin valor ni efecto las medidas cautelares impuestas dentro de ese expediente.
La defensa utiliza esa resolución como parte de sus argumentos para solicitar que también se gestione el levantamiento de la alerta migratoria que, según afirma, quedó pendiente desde el proceso de extradición.
No obstante, el sobreseimiento definitivo en Pandora II corresponde a ese expediente y no significa, por sí mismo, que todas las restricciones migratorias relacionadas con otros procedimientos hayan quedado automáticamente canceladas.
Defensa también reclama por los bienes asegurados
Durante la entrevista, Colindres se refirió además al proceso de privación de bienes que afecta al expresidente y a su entorno familiar. Aseguró que la defensa ha presentado ante los órganos de justicia y el Ministerio Público documentación que, según sostiene, demostraría que Hernández no tiene procesos pendientes en Estados Unidos.
“Nosotros hemos presentado ante los órganos de justicia y también al ente fiscalizador y acusador todos los documentos contentivos de que el expresidente Juan Orlando Hernández no tiene ningún proceso pendiente en Estados Unidos”, afirmó.
La abogada cuestionó que continúe el procedimiento que busca la privación de bienes y señaló que, a su juicio, la medida perjudica el patrimonio familiar del exmandatario.
Según Colindres, parte de esos bienes provendría de herencias y de actividades laborales desarrolladas por Hernández y sus familiares. También aseguró que las actuaciones han afectado directa e indirectamente a otros integrantes de la familia.
“Nosotros apelamos a que se le siga respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, pero que también exista una celeridad procesal para evitar más daños ocasionados al patrimonio del ciudadano Juan Orlando Hernández”, manifestó.
La defensa espera que las autoridades judiciales se pronuncien tanto sobre la alerta migratoria como sobre sus reclamos relacionados con los bienes. Por ahora, la decisión sobre la restricción de salida del país está pendiente del juez designado para conocer la solicitud.
