Tegucigalpa, Honduras. El comisionado de policía Marlon Enrique Lagos, exdirector de la desaparecida Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), rechazó haber autorizado la operación irregular en Corinto, Omoa, Cortés, que terminó con cinco agentes asesinados el pasado 21 de mayo. Además, cuestionó las investigaciones disciplinarias y exigió que cualquier responsabilidad atribuida a su persona sea demostrada con pruebas.
Mediante un comunicado fechado el 16 de octubre al que LA PRENSA tuvo acceso, Lagos rompió el silencio sobre el procedimiento administrativo abierto en su contra, una de las consecuencias de la tragedia que provocó una profunda crisis en la estructura policial y terminó con la eliminación de la Dipampco.
“No me niego a ser investigado. Me niego a ser responsabilizado sin pruebas”, expresó el oficial, quien dirigió esa dependencia entre el 17 de febrero y el 21 de mayo de 2026.
En el escrito, el exdirector sostuvo que la misión institucional autorizada consistía en realizar labores de vigilancia en el departamento de Colón, pero que los policías terminaron desplazándose hacia Corinto, donde participaron en una operación que, según las investigaciones, buscaba apoderarse de un cargamento de cocaína.
“Jamás autoricé la actuación irregular desarrollada en Corinto. Si existe una orden mía en ese sentido, que la presenten. No la encontrarán, porque nunca la impartí”, manifestó.
Lagos aseguró que su condición de director implicaba responsabilidades de supervisión, pero consideró que ocupar ese cargo no demuestra que conociera, participara o autorizara las actuaciones de los agentes.
También planteó que las autoridades deben determinar quién modificó el objetivo original de la misión, quién dirigió la incursión y qué información llegó efectivamente a la Dirección de la Dipampco.
Cuestiona suspensión e investigación
Uno de los principales cuestionamientos de Lagos está relacionado con la rapidez con que las autoridades decidieron separarlo del cargo. El 21 de mayo, pocas horas después de la muerte de los cinco policías, la Secretaría de Seguridad anunció la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de Operaciones de la Dipampco.
Sin embargo, según el exjefe policial, fue hasta el 22 de mayo cuando se constituyó la comisión encargada de evaluar los procedimientos institucionales y las cadenas de mando. Lagos considera que esa secuencia genera dudas sobre los elementos utilizados para justificar su suspensión cuando todavía estaba pendiente la evaluación institucional.
En su pronunciamiento señaló que inicialmente fue investigado por dos presuntas faltas muy graves, pero posteriormente se formularon cuatro imputaciones amparadas en el artículo 109 de la Ley de la Carrera Policial.
El comisionado aseguró haber presentado documentación sobre la misión autorizada, registros de llamadas e informes enviados a sus superiores. No obstante, cuestionó que la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) no haya valorado adecuadamente esos elementos.
Cabe recordar que el caso que originó las investigaciones ocurrió la mañana del jueves 21 de mayo de 2026, cuando cinco miembros de la Dipampco llegaron a una vivienda situada en Corinto, municipio de Omoa, una zona fronteriza con Guatemala.
Las víctimas fueron el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez.
Los policías ingresaron a una propiedad vinculada con una estructura criminal dedicada al narcotráfico, pero fueron superados por hombres armados. Las investigaciones posteriores establecieron que los agentes fueron sometidos y asesinados.
La violencia ejercida contra las víctimas estremeció a la institución policial. Los cuerpos presentaban señales de extrema brutalidad, y el caso provocó indignación nacional y exigencias de justicia. Las primeras investigaciones también revelaron inconsistencias entre la misión que los agentes tenían registrada oficialmente y el lugar donde terminaron realizando la operación.
De acuerdo con una investigación de la Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA, publicada el 1 de junio, los policías habrían sido conducidos a una trampa por dos informantes identificados por las autoridades.
El reportaje estableció que los agentes originalmente habían reportado una misión de vigilancia en Colón, pero se desplazaron hacia Corinto para efectuar un supuesto quite de droga.
Posteriormente, el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado permitió reconstruir los movimientos previos al enfrentamiento y describió una operación relacionada con un cargamento de 300 kilogramos de cocaína que estaría oculto en una vivienda.
Las investigaciones apuntaron a la estructura criminal conocida como Los Argueta, vinculada con actividades de narcotráfico en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.
De la suspensión a los despidos recomendados
La muerte de los cinco policías desencadenó decisiones inmediatas dentro de la Secretaría de Seguridad. La primera fue la suspensión del entonces director Marlon Enrique Lagos, del subdirector Manuel de Jesús Cervellón y del jefe de Operaciones, Elvin Giovanni Rodas, mientras avanzaban las investigaciones.
Al día siguiente, las autoridades anunciaron la intervención administrativa y operativa de la Dipampco para determinar posibles irregularidades en la planificación, autorización y ejecución de la misión.
La Didadpol abrió de oficio las investigaciones correspondientes para establecer si existieron faltas disciplinarias atribuibles a funcionarios policiales con responsabilidades de dirección y administración.
El 23 de septiembre, cuatro meses después de la masacre, la institución comunicó que había concluido una parte de las investigaciones y recomendado el despido de tres miembros activos de la Policía Nacional, cuyos expedientes también fueron remitidos al Ministerio Público.
En total, seis policías fueron sometidos a audiencias de descargo. Además de los tres despidos recomendados, Didadpol propuso una sanción menor para otro funcionario y el archivo de las actuaciones disciplinarias contra dos más.
Estas recomendaciones no equivalen, por sí mismas, a una destitución ejecutada ni a una condena penal. Es precisamente ese procedimiento el que ahora cuestiona Lagos, quien considera que la investigación debe identificar las conductas individuales y valorar tanto las pruebas de cargo como las de descargo.
La desaparición de la Dipampco
Otra consecuencia de la tragedia fue la decisión de eliminar la Dipampco, una dependencia especializada en combatir las maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado. El 28 de mayo, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad acordó su desaparición después de evaluar la crisis provocada por la muerte de los cinco funcionarios policiales.
Las funciones relacionadas con el combate a estas estructuras fueron sometidas a una reorganización institucional, que incluyó la creación de la Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet).
La medida representó uno de los cambios más profundos dentro de la estructura de seguridad pública durante 2026 y evidenció las consecuencias institucionales de una operación que, según las investigaciones, se ejecutó al margen de los procedimientos establecidos.
En su comunicado, Lagos aseguró que no busca privilegios ni impunidad, sino una revisión objetiva e independiente del procedimiento iniciado en su contra. También cuestionó que se le atribuyan incumplimientos de manuales o protocolos sin especificar cuáles disposiciones vulneró y qué actuaciones personales configurarían las faltas imputadas.
El exdirector advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones legales para defender su honor, sus derechos y su carrera profesional. Mientras tanto, el caso de Corinto mantiene abiertas interrogantes sobre la cadena de mando, la decisión de cambiar el destino de la misión, la participación de informantes y las responsabilidades de quienes participaron en la operación.
A casi cinco meses de la tragedia, el pronunciamiento de Lagos vuelve a colocar bajo escrutinio tanto las actuaciones de los policías que participaron en el fallido operativo como las decisiones adoptadas posteriormente por las autoridades de Seguridad.
La muerte de los cinco agentes, las investigaciones penales y disciplinarias, las recomendaciones de despido y la desaparición de la Dipampco conforman las principales consecuencias de uno de los episodios más graves que ha enfrentado la institución policial durante este año.
