Tres de cada diez denuncias contra fuerzas de seguridad apuntaban a la Dipampco

Cuando el gobierno de Xiomara Castro decretó el primer estado de excepción parcial en noviembre de 2022, el discurso oficial fue contundente: Honduras adoptaría su propia versión de la estrategia punitiva de Nayib Bukele en El Salvador para aplastar las maras, pandillas y el narcotráfico.

Sin embargo, lo que comenzó como una medida temporal de emergencia se transformó en una política permanente. Tras ser prorrogada en más de 20 ocasiones, la medida finalizó formalmente el pasado 26 de enero de 2026, dejando atrás un panorama alarmante donde los encargados de llevar justicia terminaron replicando el terror de las estructuras criminales en las comunidades más vulnerables.

De acuerdo con datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el mecanismo extraordinario acumuló más de 1,100 quejas formales contra las fuerzas del orden durante su vigencia desde el 2 de noviembre de 2022 hasta diciembre de 2025.

Las denuncias ciudadanas expusieron delitos graves cometidos bajo la total impunidad por parte de agentes policiales y militares, que realizaron allanamientos ilegales, robos que quedaron en impunidad, abuso de la fuerza, vulneraciones procesales y violencia de género, según constató esa institución.

Estas denuncias, incluso, ya están en manos de la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público, quienes dijeron públicamente que indagan los casos, mientras realizan un proceso de transición policial debido a actos de corrupción en la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), que terminó con la muerte de cinco agentes tras un operativo ilegal.

LA PRENSA Premium tuvo acceso a varios expedientes que evidencian los abusos, allanamientos ilegales, agentes depurados que fueron reintegrados, complot policial y así como casos de agentes vinculados con estructuras criminales.

El Conadeh registró un total de 1,102 quejas ciudadanas por presuntos abusos atribuidos a fuerzas de seguridad del Estado durante un periodo de cuatro años, según la información entregada a LA PRENSA Premium mediante la solicitud SOL-CONADEH-764-2026.

Esta radiografía estadística del abuso estatal adquiere dimensiones más profundas al analizar los registros oficiales que revelan el fenómeno de la violencia institucional durante el estado de excepción no fue disperso ni fortuito, sino que respondió a tres patrones inequívocos de concentración institucional, territorial y temporal.

En el desglose de las denuncias por institución, la Policía Nacional encabeza la lista de señalamientos, con 314 quejas; seguida de forma alarmante por la ahora extinta Dipampco, con 304 casos.

Es decir que el 56% (6 de cada 10) de las denuncias fueron contra agentes de estas dos fuerzas. Solo la Dipampco reportó casi el 30% de los casos o, en otras palabras, seis de cada diez denuncias.

El aparato investigativo y preventivo tampoco quedó exento, ya que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sumó 235 denuncias y la Policía Nacional Preventiva 163, mientras que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) acumuló 69 reclamos ciudadanos.

Esta alarmante concentración del abuso en las principales fuerzas del orden encuentra una explicación directa en la lógica con la que se ejecutó la estrategia de seguridad.

Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, señaló que la suspensión de garantías constitucionales otorgó una peligrosa discrecionalidad a los uniformados, empujándolos a priorizar las metas cuantitativas sobre la legalidad.

“En los centros de detención y postas policiales no se hacían los libros de registro unificados, y había personas detenidas no por delitos de crimen organizado, sino por faltas como desorden en la vía pública”, afirmó Cáceres, denunciando además un patrón de fabricación de evidencias falsas y agresiones físicas severas donde “las mujeres sufrían un mayor nivel de violencia a todos los niveles: físico, psicológico, mental y sexual”.

Esta distorsión operativa en las calles se complementa y consolida mediante la impunidad institucional que impera en las esferas de control del Estado.

Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), argumentó que el sistema evadió deliberadamente el castigo penal para los policías y militares implicados en estas violaciones, limitándose a aplicar correctivos internos que no frenan el problema de raíz.

“Algunos casos fueron efectivamente abordados y resueltos; sin embargo, fueron resueltos más desde la óptica administrativa mediante sanciones o despidos al interior de la Policía Nacional, pero no tanto para la deducción de responsabilidades penales”, advirtió Acevedo, quien recalcó que las reestructuraciones o disoluciones de unidades élite como la Dipampco terminan siendo maniobras estériles si no hay un verdadero castigo judicial, ya que “al final lo que tenemos es un cambio de nombre o quizás un cambio de estructura, pero el resto continúa igual”.

Ambos analistas coinciden en que el balance final del estado de excepción revela un sistema represivo donde las dimensiones reales del daño siguen ocultas, debido a que el temor generalizado a las fuerzas de seguridad provoca que las víctimas prefieren callar o huir antes que denunciar los atropellos en sus propias comunidades.

Geográficamente, el análisis territorial confirma que el impacto de la represión estatal se focalizó en los principales centros urbanos y en zonas fronterizas estratégicas para el tránsito y el control policial.

El departamento de Francisco Morazán, sede del Distrito Central y núcleo del poder político, lideró el registro con 198 denuncias, seguido de cerca por la zona sur en Choluteca con 122 casos y el motor económico norteño de Cortés con 95 quejas.

El corredor oriental de El Paraíso con 89 expedientes, junto a los departamentos de Yoro con 80, Atlántida con 79 y Valle con 75, completan el mapa de la conflictividad institucional, mientras que demarcaciones como Olancho, Comayagua, Copán y Lempira se mantuvieron en un segundo umbral de afectación.

Esta distribución demuestra que las denuncias se agudizaron en los territorios con mayor densidad poblacional y aquellos sometidos a un despliegue operativo más severo.

El periodo de mayor intensidad coercitiva se ubicó de manera sostenida entre 2023 y 2024, alcanzando el mayor número de reportes en abril de 2024.

La consistencia de estos abusos durante los primeros cuatrimestres de cada año confirma que las dinámicas de transgresión se normalizaron dentro del marco operativo de la suspensión de garantías, configurando una política de seguridad donde la captura de metas estadísticas desplazó por completo el respeto al debido proceso legal.

Para comprender la lógica interna de estos abusos, el director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, advirtió que la acumulación de denuncias en departamentos específicos revela un subregistro provocado por el miedo latente de la población a denunciar ante las mismas autoridades que controlan sus barrios.

“Las personas no siempre denuncian en el lugar donde ocurrieron los hechos por temor a represalias”, argumentó Cáceres, detallando que las víctimas de los abusos más severos en los cinturones de miseria prefieren desplazarse a sedes regionales del Conadeh en zonas como Francisco Morazán, Valle o Choluteca para buscar protección, lo que desvirtúa la aparente calma en otras regiones.

La distorsión estadística en los mapas operativos se complementa con la lógica con la que se justificaba la renovación de la medida de excepción.

Javier Acevedo sostuvo que la intensidad represiva durante los años de vigencia del decreto no se tradujo en un golpe real a las cúpulas del crimen organizado, sino en la saturación del sistema judicial con detenciones masivas e ilegales por motivos de convivencia menor.

“Muchas de las personas detenidas en el marco de los estados de excepción eran responsables de faltas de convivencia social común, escándalo público o ingerir bebidas alcohólicas en lugares no autorizados, pero no porque hubieran cometido un delito o una infracción a la ley penal”, denunció Acevedo.

Ambos expertos concluyeron que los picos de denuncias de 2023 y 2024 evidencian que el Estado hondureño sustituyó la investigación criminal y la inteligencia por una política de cuotas de capturas de calle, normalizando el quebrantamiento de las garantías procesales como la vía oficial para sostener un espejismo de efectividad punitiva.

Más allá de las denuncias expuestas por el Conadeh, uno de los casos que mostró que la corrupción policial se salió de las manos e ilustró la criminalidad estatal involucra a 11 agentes de la extinta Dipampco, declarados culpables por un tribunal con jurisdicción nacional tras un operativo ejecutado en noviembre de 2023 contra un ciudadano filipino en Villanueva, Cortés.

De acuerdo con la investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los uniformados ejecutaron un allanamiento ilegal para sustraer bienes de la vivienda de las víctimas y posteriormente trasladaron a uno de los ciudadanos a un botadero de basura, donde lo obligaron a permanecer boca abajo mientras le implantaban armas y drogas.

Los agentes elaboraron informes oficiales falsificados para imputarle delitos de tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas; sin embargo, el Ministerio Público logró acreditar las evidencias penales en el juicio.

El tribunal condenó a los once policías por robo con violencia o intimidación agravado, allanamiento ilegal, privación ilegal de libertad, tratos crueles, inhumanos o degradantes, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.

Este expediente judicializado ratifica con precisión los patrones de abuso descritos por el Conadeh y las organizaciones civiles sobre la fabricación sistemática de pruebas para inflar los resultados estadísticos de capturas en el corredor norte del país.

Frente a la gravedad de este escenario y el acumulado de quejas institucionales, la cúpula policial desvía la responsabilidad metodológica y procesal de los expedientes.

El comisionado Wilmer Mayes Ríos, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, asegura que la institución no recibe reportes consolidados de los abusos, operando de manera aislada frente a las alertas del organismo humanitario.

"Las quejas llegan al Conadeh y ellos ejercen su acción administrativa al momento de citar a la persona o al funcionario policial que esté involucrado en esa denuncia; a nosotros no nos mandan un consolidado, sino únicamente las citatorias correspondientes", afirmó Mayes Ríos.

El portavoz sostiene que la Policía Nacional se encuentra atada de manos para actuar de oficio a nivel interno si no existe una mediación jurídica externa previa.

"No podemos proceder contra ellos porque quien inicia la investigación es el Conadeh; si se puede ventilar que existe un delito, ellos mismos lo turnan a la Fiscalía de Derechos Humanos y esta nos solicita la información pertinente", argumentó, matizando la postura oficial al declarar que la institución mantiene una coordinación permanente con los entes de control y que "nunca estamos inclinados a favorecer una actuación violatoria a los derechos humanos por parte de los funcionarios policiales".

El vocero añadió que la Secretaría de Seguridad busca subsanar estas fallas mediante programas actuales de capacitación regional orientados al respeto de las garantías civiles durante los procedimientos de calle.

No obstante, el contraste entre el discurso institucional y los registros del Conadeh evidencia una brecha entre la formación policial y la práctica operativa, ya que pese a los programas de capacitación y control interno, cinco fuerzas de seguridad —Policía Nacional, DPI, Policía Preventiva, Policía Militar y la extinta Dipampco— concentran el 98.5% de las 1,102 denuncias por presuntos abusos registrados entre 2022 y 2025.