La disciplina y el uso adecuado de los recursos tecnológicos dentro de las aulas de clase han vuelto a entrar en el debate del sector educativo nacional.
En las últimas semanas, diversos sectores han expresado preocupación por el impacto de los dispositivos móviles en el ambiente escolar, señalando tanto los riesgos de distracción como la vulneración de la convivencia entre docentes y alumnos.
Ante este escenario, la cámara legislativa comenzó el análisis de una propuesta enfocada en establecer controles claros para la portabilidad e ingreso de estos aparatos en las instituciones de enseñanza del país.
La iniciativa no busca vetar de manera absoluta la tecnología en las aulas, sino dictar un marco normativo que impida abusos o faltas de respeto en la jornada de clases, permitiendo su utilización únicamente cuando responda a fines pedagógicos coordinados por los maestros.
”Después de una fuerte socialización con docentes, dirigentes magisteriales, organizaciones que velan por la educación, padres de familia e incluso estudiantes, presentamos este proyecto orientado a controlar el uso de los teléfonos en los centros educativos”, expresó Arnold Burgos, presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional.
El detonante para la formulación de esta propuesta legal fue un incidente ocurrido en Morazán, Yoro, donde una docente agredió a dos estudiantes, hecho que fue grabado con un teléfono móvil y difundido masivamente en plataformas digitales.
A partir de esa situación, autoridades de la Secretaría de Educación expusieron que también existen reportes de alumnos que graban sin autorización al personal docente para ridiculizarlos o publicar contenidos difamatorios en redes sociales.
“A raíz del enfrentamiento en Yoro, me llamó la atención la noticia y pregunté si había una ordenanza sobre el tema; la Secretaría de Educación confirmó que hay estudiantes que usan teléfonos inteligentes para grabar sin autorización a maestros y luego hacerles memes o faltarles el respeto”, manifestó Burgos.
Dentro de los fundamentos de la moción se aclara que una prohibición tajante resulta inviable frente a la transformación digital del sistema educativo, donde el propio Estado distribuye herramientas tecnológicas para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
“Prohibirlos por completo es ilógico, puesto que como gobierno estamos dotando de tabletas a los estudiantes; el objetivo es regular su uso para que, si el docente requiere la tecnología en materias como inteligencia artificial, el dispositivo sirva como herramienta pedagógica”, señaló el diputado.
El proyecto plantea que cada institución educativa o autoridad docente establezca lineamientos específicos, como el resguardo de aparatos durante evaluaciones académicas o la restricción de su uso en horas lectivas.
