Sector construcción respalda Plan Nacional de Vivienda, pero advierte retos para su ejecución

Los desarrolladores y representantes del sector construcción respaldan el Plan Nacional de Vivienda, que busca impulsar la construcción de al menos 15,000 viviendas en el corto y mediano plazo. Sin embargo, advierten que su ejecución enfrentará importantes desafíos.

Entre los desafíos se encuentra la demora en la obtención de permisos de construcción, que en algunos casos puede extenderse hasta cuatro años, la escasez de proyectos de vivienda social y el incremento en el costo de los materiales, factores que han elevado el precio de las viviendas en Honduras.

Aunque consideran que la iniciativa representa una oportunidad para reducir el déficit habitacional y dinamizar la economía, sostienen que será indispensable agilizar los trámites administrativos, promover incentivos para la inversión en vivienda de interés social y generar condiciones que permitan contener los costos de construcción. De lo contrario, aseguran, las metas del plan podrían resultar difíciles de alcanzar.

El Plan Nacional para la Inclusión Financiera en Vivienda 2026-2030 ya fue socializado con desarrolladores inmobiliarios y entidades bancarias y está pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros. Su implementación será posible tras la aprobación de un financiamiento de 400 millones de dólares (unos 10,716 millones de lempiras) por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El nuevo esquema contempla la aplicación conjunta de dos mecanismos de apoyo estatal: el Bono Directo a la Cuota (BDC) y el Subsidio Directo a la Cuota (SDC).

El BDC consiste en un aporte único destinado a reducir la prima o el capital del préstamo. Este beneficio estará dirigido exclusivamente a hogares con ingresos de entre uno y cuatro Salarios Mínimos de Referencia (SMR), tomando como base un SMR de 18,036.18 lempiras.

El SDC, por su parte, reduce directamente la mensualidad del préstamo durante los primeros diez años del crédito. El aporte estatal disminuirá gradualmente cada año hasta desaparecer a partir del año 11, cuando el beneficiario asumirá el pago completo de la cuota.

El programa contempla viviendas sociales unifamiliares con precios de mercado de entre 900,000 y 1.25 millones de lempiras, financiadas a 25 años.

También incluye viviendas sociales multifamiliares con valores de entre 1.25 y 1.4 millones de lempiras, igualmente financiadas a 25 años. No obstante, desarrolladores, agentes inmobiliarios e incluso ciudadanos consultados coinciden en que actualmente resulta muy difícil encontrar viviendas disponibles dentro de esos rangos de precio.

Según representantes del sector, el valor mínimo de una vivienda oscila entre 1.5 y 2 millones de lempiras para unidades básicas de hasta tres habitaciones, sala, cocina y uno o dos baños. Además, sostienen que el precio de las viviendas ha aumentado alrededor de un 75 % en los últimos cinco años.

Yoselyn Paz, agente inmobiliaria de Masscasa, manifestó que Banhprovi financia hasta cuatro millones de lempiras para la adquisición de viviendas de clase media. Sin embargo, aseguró que en San Pedro Sula no existen inmuebles de ese segmento dentro de ese rango de financiamiento, ya que las opciones disponibles superan los seis millones de lempiras.

Agregó que en la ciudad todavía existe una oferta limitada de viviendas de clase media en sectores como El Carmen, donde pueden encontrarse casas pequeñas con precios cercanos a 2.5 millones de lempiras. Asimismo, mencionó que en residenciales como Villa Valencia y Salamanca hay viviendas con precios de hasta cuatro millones de lempiras.

Paz indicó que en San Pedro Sula no se desarrollan nuevos proyectos de vivienda social desde hace más de ocho años. Entre las principales causas mencionó el alto costo de la tierra, el incremento en el precio de los materiales de construcción, la escasez de mano de obra y la complejidad de los trámites para obtener permisos de construcción. Señaló que este tipo de proyectos actualmente se concentra en municipios como Villanueva y Choloma, así como en otras zonas del interior del país.

Ariel Santos, directivo de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), afirmó que el gremio respalda el Plan Nacional de Vivienda y los mecanismos de subsidio y bono propuestos por el Gobierno. No obstante, insistió en que también deben atenderse de manera integral los obstáculos que limitan la construcción de viviendas, considerando que el financiamiento de 400 millones de dólares del CAF está orientado principalmente a proyectos de vivienda social, segmento que actualmente presenta una oferta limitada.

"Se ha estado socializando el plan. Creemos que es bueno y sostenible porque llegará a más personas. En el enfoque anterior había una tasa baja, pero no existían fondos suficientes y estos se agotaban rápidamente", indicó.

Santos explicó que las tasas de interés podrían aumentar debido a que los recursos provienen de financiamiento externo, por lo que el subsidio y el bono funcionarían como un mecanismo de alivio para los beneficiarios.

"Creemos que la tasa de interés podría ubicarse entre el 9 % y el 11 %, similar a la que actualmente maneja el RAP", señaló.

Actualmente, Banhprovi ofrece créditos de entre 1.2 y 2.5 millones de lempiras, con tasas de interés de entre el 4% y el 7%.

"Con todos los problemas que ha habido, prácticamente no existen proyectos de vivienda social y los de vivienda media son limitados. Lo que solicitamos al Ministerio de Vivienda es que agilice los permisos para los proyectos habitacionales, porque la autorización para un nuevo desarrollo puede tardar entre tres y cuatro años y requiere coordinación con las municipalidades", aseveró.

Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), manifestó que, además del financiamiento, el Gobierno debe garantizar la seguridad jurídica de la tierra, agilizar los permisos de construcción, asegurar la capacidad de suministro eléctrico y fortalecer la infraestructura de agua potable y alcantarillado para los nuevos proyectos habitacionales.

"Por eso hemos tenido pláticas con el Presidente de la República sobre la creación del Consejo de Políticas de Infraestructura, porque no podemos hablar de nuevos proyectos si antes no garantizamos las condiciones necesarias para estas inversiones", apuntó.

En una entrevista concedida a LA PRENSA, Francis Argeñal, ministra de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), reconoció que la burocracia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de proyectos habitacionales y aseguró que el Gobierno trabaja en simplificar los permisos y trámites relacionados con el sector.

"Estamos en medio de una asistencia técnica que está evaluando la implementación de una ventanilla única multisectorial. La idea es que los desarrolladores presenten sus trámites de certificación de proyectos y que, a través de la Secretaría, se gestione todo el proceso ante las diferentes instituciones para obtener los permisos. Porque es una realidad; por ejemplo, en el gobierno anterior no se aprobó ni una licencia ambiental. Imagínese la mora que eso generó", afirmó Argeñal.

La funcionaria señaló que las municipalidades, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el Instituto de la Propiedad (IP) son algunas de las instituciones donde se concentran los mayores cuellos de botella en la tramitación de permisos.

"Somos conscientes de que este ha sido un problema histórico y lo que queremos es agilizar y optimizar todos los trámites", concluyó.